El presidente del Gobierno quiere garantizarse una legislatura tranquila y para ello necesita reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pedro Sánchez sabe que necesita al Partido Popular para hacerlo, pero el presidente del PP, Pablo Casado, no está por la labor de momento y ha condenado al líder socialista a tener una piedra en el zapato que no sabe como quitarse. La estrategia del PSOE y de Unidas Podemos fue la de crear una reforma que atentara contra la separación de poderes para presionar a Casado. Pero el resultado ha sido tan nefasto que hasta la UE ha hecho acto de presencia para decirle al presidente español que tenga cuidado con sus reformas.
La Comisión Europea tiene claro que el paso de Sánchez es polémico. Asegura que “va a seguir de cerca la situación” en referencia a esta reforma que básicamente busca que una mayoría absoluta parlamentaria (la misma necesaria para investir a alguien presidente) sea suficiente para decidir a los vocales que controlan con sus decisiones los nombramientos de los jueces. Vamos, que quien orqueste una mayoría para ser presidente también tendrá la capacidad de nombrar a los jueces y tener controlado al presidente del Tribunal Supremo, cargo que ahora ocupa en funciones Carlos Lesmes.
Es importante asegurar que el Consejo Judicial no se perciba como vulnerable a la politización. […] Los Estados miembros deben seguir los estándares europeos para asegurar que la independencia judicial no se ve comprometida”, han destacado desde la Comisión Europea. No es la primera vez, pero Sánchez ha decidido presionar con este proyecto de ley al PP para ver si consigue su objetivo, aunque de momento gracias al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, la formación de Casado se ha vuelto a enrocar.
Los propios jueces entienden que es un disparate el proyecto de ley. Fuentes cercanas a Ferraz aseguran que en realidad el presidente del Gobierno no tiene ninguna intención de presentar ese proyecto. Solo quiere presionar al PP para que ceda y acuerde la renovación. Pero lo cierto es que, ante la negativa popular y la posibilidad de que se ponga en riesgo su legislatura, hay cada vez más voces que muestran dudas.
La clave del sistema actual es que se «garantiza» la separación de poderes porque la mayoría necesaria de tres quintos del Congreso y del Senado obliga al partido que gobierna a ponerse de acuerdo con el líder de la oposición para renovar el CGPJ. Esto es lo que Sánchez quiere dinamitar, al menos de forma aparente para presionar al líder popular. Pero no parece que haya cambios.
Otro de los problemas para llegar a un acuerdo son Unidas Podemos, EH Bildu y ERC, o al menos su cercanía al PSOE. El acercamiento del PP a los socialistas está condicionado a que se aleje de estas formaciones nacionalistas, independentistas y «populistas», a su juicio. Pero ese condicionamiento viene mal dado, ya que en un contexto en el que se acaba de fraguar la alianza para los Presupuestos Generales del Estado y el PSOE no se puede permitir el lujo de dejarles de lado. Al menos porque tiene que complacer todas las demandas a las que se ha comprometido a cambio del apoyo a sus cuentas.
Unidas Podemos quiere entrar en el reparto de vocales y el PP se niega. Y al mismo tiempo Casado ha puesto como condición que se aleje de las formaciones independentistas para ceder en los nombramientos de los nuevos vocales que dirigirán el CGPJ. Pero Sánchez no está por la labor, ya que hay que responder a las demandas de los nacionalistas una vez que los Presupuestos han pasado el último trámite en el Congreso.
Así que con las cuentas sobre la mesa y las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, solo queda que se renueve el Consejo, pero el PP tiene las riendas por el momento a la espera de ver qué ficha mueve ahora Sánchez. Y entre tanto, la Comisión Europea está y estará muy pendiente de la partida.
