El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere disimular su sablazo fiscal. Sabe que para cuadrar las cuentas en plena crisis necesita subir los impuestos. Sin embargo, pese a que el Ejecutivo se empeña en convencer a los suyos de que solo se elevarán los que afectan a las rentas más altas, lo cierto es que los próximos Presupuestos Generales del Estado esconden un hachazo importante a las clases medias, solo que se ocultan tras tasas «eco» y presuntamente orientadas a favorecer la salud para evitar críticas mayores. El Gobierno sabe cómo meterá la mano en el bolsillo de las clases medias, y es a través de el diésel, las bebidas azucaradas e impuestos al plástico.
Hay 13 millones de coches diésel aproximadamente circulando en España. A todos estos conductores, el presidente del Gobierno quiere elevarles los impuestos una media de 2,3 euros más por depósito, es decir, unos 41 euros más al año. Si se echan cuentas, el montante total que prevé ingresar el Gobierno en las arcas públicas es de 533 millones de euros, aproximadamente. Por hacer una comparativa, solo la subida de sueldos que se prevé implementar a las pensiones y a los funcionarios, que es del 0,9%, costará 3.000 millones de dinero público. Y claro, hay que sacar liquidez de algún lado.
Si en España no existiesen impuestos pagaríamos 48,8 céntimo. por el litro de gasolina 95 y 47,8 céntimos por el diésel. Pero el presidente ha considerado «ecologista» subir los impuestos a los modelos de vehículos que tiene la gente con menos recursos. En cualquier caso, este es el primer sablazo que se hará sentir en las clases medias, pues las ayudas para comprarse un híbrido enchufable o un eléctrico no parecen haber ayudado a los que menos tiempo a cambiar su parque móvil por uno más ecofriendly.
A este sablazo hay que añadir el que caerá en las empresas envasadoras. Pese a que Ecoembes continua con su monopolio en el reciclaje, lo cierto es que Sánchez quiere meter mano a los plásticos no reutilizables gravándolos con una tasa que repercutirá en las grandes empresas envasadoras, es decir, las que conforman Ecoembes. Se trata de un impuesto indirecto que gravará la fabricación y la importación de estos productos y que el Gobierno parece ignorar el hecho de que es posible que estas empresas repercutan esta tasa directamente en el precio del producto. «La descarbonización es una prioridad», comentaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y llenar las arcas del Estado, también.
Este es otro impuesto que en caso de que de manera milagrosa acabe repercutiendo en el precio final del producto afectará a las clases medias, prácticamente igual que elevar el IVA de las bebidas azucaradas, otra tasa que afectará a las clases medias y una de las cuales más aumentará la recaudación.
Y no contento con esto, el Gobierno también ha querido alimentar su ambición verde mediante un impuesto al transporte aéreo. Este estará centrado en los vuelos que se realizan dentro de la península y pese a que aún no se ha puesto en marcha, es probable que cuando los aviones vuelvan a las andadas se retome el proyecto que quedó en stand by tras la pandemia. El miedo que se respira entre algunos economistas es que este impuesto también repercuta en el precio final del producto.
Según el Ejecutivo, es que hay «un insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental«, pero ahora, tras estos ambiciosos presupuestos planteados por el Ejecutivo, la política ecológica ayudará a cuadrar las cuentas en un contexto en el que la inversión se ha disparado considerablemente, o se prevé disparar. Todo a la espera de que al presidente del Gobierno no se le ocurra un nuevo impuesto sobre la marcha que afecte también a las clases medias.
