Ombuds no se rinde. La empresa de seguridad de la familia Cortina quiere evitar a toda costa la salida de sus 8.000 trabajadores y para conseguir este fin incluso está dispuesta a reinterpretar la realidad. Alternativa Sindical, uno de los principales representantes de los vigilantes, denuncia que el grupo “está tergiversando” el último auto judicial para presionar a los clientes. Y así eludir su fuga en masa.
Carrefour y Ferrocarriles de la Generalitat ya han rescindido su contrato. Por ello, ante la inminente salida de más compañías, Ombuds ha pedido amparo al Juzgado de lo Mercantil para que frene inmediatamente esta estampida. Según ha indicado el Administrador Concursal, los empleados son activos que pertenecen al grupo y por lo tanto no pueden irse.
La jueza encargada del caso le da la razón en este punto. Además, advierte a los clientes de que no pueden finalizar su relación laboral simplemente alegando que están en concurso de acreedores. Sin embargo, sí que podrán rescindir su contrato unilateralmente si hay incumplientos contractuales del acuerdo. Una premisa contemplada en la ley.
Según aclaran fuentes sindicales, en ese auto, la magistrada mantiene como motivo de ruptura que alguna de las partes no esté cumpliendo con sus obligaciones. Y los impagos y servicios descubiertos son una causa de peso para ello. Ombuds ha pasado por alto este aspecto en el comunicado enviado a sus clientes.
EMPRESAS QUE HAN RESCINDIDO EL CONTRATO
De momento solo tres empresas han finalizado su vínculo laboral con Ombuds. Carrefour lo hizo incluso antes de conocerse que entraría en concurso de acreedores. La causa que alegó era el impago de los salarios. Actualmente sus servicios de vigilancia han quedado repartidos en dos grupos. La zona norte y centro de la península la asume Prosegur, mientras que el sur y Levante lo gestiona Ilunion.
Ferrocarriles de Cataluña ha sido la única empresa de Cataluña que ha finalizado su relación con Ombuds. El grupo ha reconsiderado la vigencia de su contrato después de que los trabajadores se hayan declarado en huelga durante los dos últimos meses. Nuevamente será Prosegur quien se hará cargo de sus servicios.
El último ente en anunciar la rescisión de su contrato ha sido Ifema. Los trabajadores de la empresa pública habían anunciado una huelga indefinida a partir de agosto y esto ha sido el punto de inflexión definitivo para poner fin a su acuerdo laboral. Según sostiene Alternativa Sindical, a partir del día 6 a las 12 de la noche Prosegur se ocupará de la subrogación del servicio.
La principal causa que Ifema habría alegado para romper esta relación es el incumplimiento de una de las cláusulas del contrato. Según lo firmado, la empresa pública podía anular los servicios de Ombuds en caso de que la seguridad quedara descubierta. Algo que ha pasado por las bajas médicas y la convocatoria de huelga. Esta misma premisa también la contempla la EMT, aunque de momento se niega a rescindir su acuerdo.
En Madrid, además de la EMT, existen más empresas vinculadas como Museo Thyssen, Agencia EFE, Eroski, Renfe o Metro de Madrid. Precisamente Metro de Madrid también tiene recogido en su contrato con Ombuds la posibilidad de finalizarlo si se producen impagos. Alternativa Sindical sigue presionando a la empresa para que termine con su relación y los trabajadores sean reubicadas, pero “Metro no lo hace porque no quiere”, critican.
En Cataluña también hay varias empresas afectadas. TVE, Habitage del Ayuntamiento Barcelona, Renfe, Ciutat de Justícia y otros grupos pequeños siguen prestando sus servicios a la compañía de los Cortina. Este número se intensifica a nivel nacional, ya que Ombuds tiene contratos repartidos por todo el país.
8.000 FAMILIAS EN VILO
Las idas y venidas de la empresa afectan directamente a sus 8.000 trabajadores. Con la nómina de julio suman ya tres meses de impagos. Ombuds les pide que continúen con sus tareas “con la máxima normalidad posible y prestando los servicios contratados”. Pero ya son muchos los vigilantes que han tenido que abandonar su puesto alegando causas médicas.
García sostiene que estas “bajas médicas” actúan como elemento de presión al cliente. Esta situación genera un problema a la empresa contratante, que está pagando por un servicio 24 horas que no tiene al 100%. Hay puestos que quedan descubiertos y el panorama actual hace inviable cubrirlo con nuevos vigilantes.
La otra medida de presión es la huelga. En agosto está previsto que continúe el parón general lanzado por los sindicatos Alternativa Sindical, en Madrid, y ADN Sindical, en Barcelona. En Cataluña llevan desde mayo con servicios en mínimos y en Madrid los trabajadores de Metro y EMT se sumarán a las reivindicaciones a partir del día 8.
Por su parte, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han lanzado un comunicado pidiendo a los clientes que no rescindan su contrato. Además, aseguran que la empresa se ha comprometido en dar una respuesta sobre su futuro en los próximos 7 días. Desde Alternativa Sindical critican esta actitud por considerarla “sectaria” y que solo se preocupa “por respaldar a la familia Cortina”.
