El Gobierno va a permitir que los jueces que investigan las andanzas del comisario José Manuel Villarejo lo hagan sin los límites de la ley de secretos oficiales. De esta manera, podrán contar con la declaración del comisario Enrique García Castaño sin esa cortapisa e indagar sobre la desaparición de documentación del tesorero del PP Luis Bárcenas.
El titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga la caja B del Partido Popular, indaga sobre documentos que estaban en poder del tesorero del PP y que pudieron haberse sustraído para evitar complicar aún más la situación de este partido.
El presunto robo se habría producido mediante el pago de fondos reservados a Sergio Ríos, chófer del tesorero Luis Bárcenas, para conseguir los documentos. El uso de fondos reservados con este objetivo habría sido autorizado en la época en la que era ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.
Los que se conocieron como los papeles de Bárcenas fueron documentos en poder del tesorero que no estaban aún en manos de los investigadores del caso Gürtel, que llevaba unos cinco años instruyéndose. Los primeros que vieron a la luz contenían una contabilidad secreta, o contabilidad B, en la que aparecían pagos de sobresueldos a miembros del partido.
La sustracción de documentos habría sido ordenada por los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño, que se encuentran a su vez bajo investigación judicial por otras actividades presuntamente ilícitas en la operación Tándem.
Los pagos al chófer Sergio Ríos consistieron en un salario mensual de 2.000 euros. Ríos también había trabajado al volante con Francisco Granados, exconsejero de presidencia de la comunidad de Madrid y hoy en prisión por su implicación en el caso Púnica. Además, Ríos consiguió entrar posteriormente en la policía con 40 años, una edad poco común para ingresar en el cuerpo.
VILLAREJO Y EL CASO TÁNDEM
La próxima semana el Consejo de Ministros también podría autorizar que el comisario García Castaño declare ante el juez del caso Tándem sin las limitaciones de la ley de secretos oficiales, según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. García Castaño había solicitado al juez poder hablar con libertad, porque considera que así podrá probar que su actuación con el ahora encarcelado comisario Villarejo respondía a operaciones policiales justificadas.
Caso de que el juez no hubiera trasladado esta petición el Gobierno o este no accediera, este comisario no podría desvelar su conocimiento de hechos reservados so pena de cometer un delito. García Castaño pretende revelar “datos sensibles de operaciones policiales, fuentes, información y el uso de fondos reservados”.
Con esta declaración, García Castaño intenta defenderse de las grabaciones realizadas por el comisario Villarejo que le supusieron ser imputado por los presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales.
Si la semana que viene se confirma que el Consejo de Ministros levanta el secreto, tanto sobre las actividades que necesite declarar García Castaño, como sobre el pago de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas, continuará la línea de actuación de sucesivos gobiernos a la hora de levantar los secretos cuando son solicitados por los jueces.
Concretamente, el Consejo de Ministros ha desclasificado documentos requeridos por los juzgados en nueve ocasiones en los últimos quince años. La novedad esta vez se encuentra en que una de las decisiones de la próxima semana no sería sobre documentos, sino dando vía libre a la declaración del comisario García Castaño sin las cortapisas que le atan a la ley de secretos oficiales.
Durante estos años el Consejo de Ministros también ha decidido levantar el secreto sobre documentación que iba a ser utilizada en instancias no judiciales. Así ocurrió, por ejemplo, con la documentación sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid, que se envió a la comisión parlamentaria de investigación.
«García Castaño pretende revelar datos sensibles de operaciones policiales, fuentes, información y el uso de fondos reservados»
En cuanto a la desclasificación de documentos necesarios en investigaciones judiciales, una de ellas fue precisamente la que fue requerida en 2005 en la investigación judicial de estos mismos ataques terroristas. Otra investigación sobre José Emilio Suárez Trashorras, la persona que facilitó los explosivos, también necesitó en 2007 la desclasificación de documentos secretos.
El resto de ocasiones en las que el consejo de ministros accedió a revelar documentación clasificada para uso judicial ha sido por diferentes causas. En varias de ellas se trató de informaciones en las que estaban involucrados los servicios secretos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Así, por ejemplo, en 2005 se desclasificó documentación sobre los vuelos de la CIA a través de territorio español. En esos vuelos, Estados Unidos trasladó a prisioneros presuntamente relacionados con terrorismo que no contaron con garantías judiciales. En 2009 se levantó el secreto sobre la muerte del periodista español Ricardo Ortega en Haití por disparos del ejército estadounidense.
Secretos custodiados por el CNI también salieron a la luz, tras la autorización del Gobierno, en el caso del espía Roberto Flórez, condenado por traición. Lo mismo ocurrió respecto al accidente de un helicóptero en Afganistán donde murieron 17 militares españoles o sobre la investigación alrededor de una operación sobre abogados del entorno de ETA.
Sin tener relación con el CNI, el Gobierno también levantó el secreto sobre hechos relacionados con la investigación de desaparecidos durante la dictadura argentina, el accidente de un avión militar en Talavera o la Directiva de Defensa Nacional.
