Los vigilantes de la Ifema, EMT y Metro de Madrid han dicho basta. Llevan desde mayo sin cobrar sus nóminas y por ello han decidido convocar una huelga indefinida que comienza el próximo 8 de agosto. Los trabajadores se han visto afectados por la quiebra de Ombuds, la empresa que se encarga de la seguridad en estos entes públicos.
El grupo, propiedad de la familia Cortina, entró en concurso de acreedores la semana pasada y ha dejado en el aire el futuro de sus 8.000 empleados. Los representantes de los trabajadores llevan tiempo exigiendo a los organismos que tienen subcontratados los servicios de Ombuds que rescindan su contrato. Una petición que todavía no ha tenido éxito.
Ante la pasividad de la EMT, Ifema y Metro de Madrid, el sindicato, Alternativa Sindical, ha presentado una denuncia contra estos entes reclamando que se hagan responsables solidarios por el impago de las nóminas. De momento y ante la falta de soluciones, los trabajadores irán a huelga, dejando sin servicio a las tres empresas.
Este parón afecta directamente a los clientes, ya que en IFEMA dejarán de trabajar 140 empleados que actualmente prestan sus servicios en las ferias, salones y congresos que convoca el ente. También correrá peligro la seguridad de los usuarios de la EMT y Metro. En la Empresa Municipal de Transporte hay 200 vigilantes, mientras que en Metro de Madrid el número asciende a 550.
Tanto la EMT como Metro de Madrid tienen la consideración de infraestructura crítica, es decir, son empresas que precisan de servicios de vigilancia porque pueden sufrir episodios que atenten contra la integridad de la ciudadanía. Es importante que siempre estén protegidos por profesionales de seguridad, sobre todo, en situaciones como la actual con una alerta antiterrorista 4 en vigor.
EMPRESAS QUE HAN ROTO CON OMBUDS
De momento son pocas las empresas que han rescindido su contrato con Ombuds. En Madrid, ninguna entidad pública lo ha hecho y de las privadas solo Carrefour ha anunciado que finaliza su contrato a principios de agosto. Una situación muy diferente a la vivida en Cataluña.
En Barcelona los trabajadores llevan en huelga desde mayo. Según ADN Sindical, representante de los intereses de los vigilantes en Cataluña, el parón de los servicios ha sido clave para presionar a las empresas. De hecho, ya son varios los entes públicos que han anunciado el fin de su relación con Ombuds.
El primero fue Ferrocarriles de la Generalitat, quien rescindió su contrato la semana pasada. El Ayuntamiento de Barcelona también ha anunciado que finalizará en breve su compromiso, mientras que la Ciutat de Justícia de Barcelona lo hará, según ADN Sindical, antes del 10 de agosto. Por su parte Renfe reconoce que ya ha pedido a la empresa de seguridad que se haga cargo de la deuda y en caso de que eso no suceda, amenaza con romper su relación laboral.
El objetivo de los sindicatos es que las organizaciones afectadas por la quiebra de Ombuds rescindan sus contratos para garantizar el futuro de los miles de trabajadores. Advierten de que todavía están a tiempo de reconducir la situación y entregar los servicios a otros grupos solventes como Prosegur, Eulen o Securitas.
ENTIDADES QUE SIGUEN VINCULADAS A OMBUDS
Además de Ifema, Metro de Madrid y la EMT, todavía hay muchas empresas que siguen manteniendo su relación con Ombuds. Museo Thyssen, Agencia EFE, Eroski o Renfe son algunas de ellas.
Otro de los organismos públicos considerados de alto riesgo y que mantiene su relación con Ombuds es Instituciones Penitenciarias. Alternativa Sindical ha enviado una petición al secretario general del ente para que finalice su contrato. De lo contrario, amenazan con poner en huelga a sus 1.500 empleados.
El responsable de comunicación del sindicato, Alberto García, les ha pedido “soluciones inmediatas a esta situación, que pasen por la voluntad de rescindir el contrato con esta empresa y contratar otras de solvencia económica”. García insiste en que se trata de un contrato de adjudicación pública y por lo tanto, resulta imprescindible ponerle fin cuanto antes.
Por el momento Ombuds ya ha reconocido su crítica posición mediante un comunicado. La empresa ha explicado que actualmente están trabajando en dos escenarios. El primero es intentar salir del proceso concursal mediante las negociaciones con los acreedores, que se encuentran “en estado avanzado”. La segunda alternativa, si no se consigue restablecer la financiación, sería “dedicar todos sus esfuerzos” en reubicar a los empleados para que no pierdan su trabajo.
El grupo de seguridad tiene una deuda de 40 millones con la Agencia Tributaria. Y a pesar de estar en concurso de acreedores no está asegurado que los empleados vayan a cobrar sus nóminas atrasadas, la de junio, julio y la extra de verano, en un corto plazo.
