El comisario José Manuel Villarejo tuvo en sus manos un informe, bajo el membrete de la agencia internacional de detectives Kroll Associates, fruto de un encargo en el que debían demostrar la implicación de miembros del PP en casos de corrupción.
El informe, bautizado como “Project Southern” da cuenta de que los empresarios Manuel Domínguez y Judah Elehazar Binstock, “solicitaron la búsqueda de elementos que demostraran la implicación de miembros del PP en corrupciones en cualquier parte del Estado”, especialmente en Andalucía.
Además, pretendían obtener información sobre los “elementos hostiles contra el Casino de Sevilla”. El PP se encontraba en la oposición en Andalucía en el momento de la elaboración del informe (año 2000), donde el Gobierno socialista apoyaba la construcción de este establecimiento de juego.
La construcción y concesión de este establecimiento de juego acaparó la atención de medios de comunicación y partidos políticos, hasta que la concesión fue anulada por los tribunales, aunque la Junta de Andalucía lo volvió a conceder a la misma empresa. El informe también habría sido encargado, entre otros, por Jesús Gil para buscar elementos para atacar judicialmente a sus enemigos.
Curiosamente, Villarejo recoge, en un primer borrador del documento presuntamente elaborado por la agencia Kroll, un texto que parece provenir de un informe de la Guardia Civil. El informe de la benemérita que reproduce Villarejo descubre, a través de “una confidencia totalmente fiable” lo que califica de “una Organización Mafiosa formada por un grupo de personas con diferentes actividades, todas con un fuerte poder económico, que se habría unido temporalmente para resolver sus problemas”.
Estas personas serían, según el citado informe, Manuel Domínguez, Judah Elehazar Binstock, Juan M. Pacheco, Emilio Rodríguez Menéndez y Jesús Gil y Gil. Todos ellos, dice el informe, decidieron “emplear una importante cantidad de dinero para conseguir que cambie la actitud” del fiscal anticorrupción en aquel momento, Carlos Jiménez Villarejo. Los informes destacan más adelante el carácter incorruptible de este fiscal.
Manuel Domínguez fue un empresario asociado con el magnate Binstock, considerado uno de los grandes propietarios de suelo de la Costa del Sol. Ambos fueron socios en el proyecto del casino. Domínguez también apareció relacionado con el denominado caso Ollero, en el que se investigó el pago de comisiones ilegales en la Junta de Andalucía, pero que acabó con la absolución de los principales acusados.
El presunto informe de la Guardia Civil señala las “facilidades que aparentemente mantiene con la dirección del PSOE en Andalucía, especialmente con Gaspar Zarrías”, hombre fuerte del partido en esta comunidad en la que llegó a ser vicepresidente.
El informe realiza una recopilación de casos de presunta corrupción del Partido Popular que estaba comprobando. A cada uno de ellos dedica unas pocas líneas, pero es a Javier Arenas, quien fue secretario general del partido, al que dedica más espacio. Estos párrafos están escritos con expresiones poco comunes en castellano, por lo que podrían provenir de una traducción muy poco cuidada o de la redacción de un angloparlante.
El informe sostiene que Arenas “hace labores de influir en grupos empresariales con información de privilegio”, le relaciona con varias empresas y se dice de él que “no tiene escrúpulos usando datos conseguidos con su puesto”.
Según este documento, Arenas fue objeto de seguimientos personales, puesto que se hace referencia a “medidas de seguridad fuertes” por lo que “dificulta el seguimiento de los autos que maneja”. Estos eran un BMW y un Audi blindados, más otros dos de protección y asistencia. En el informe se da cuenta de cómo su chófer le lleva al hotel Alfonso XIII “temprano en las mañanas en fines de semana, viéndose siempre con sujetos de sexo femenino sin identificar”. También hace referencia a una vivienda y un apartamento.
A Javier Arenas le adjudican “relaciones cerradas” con varias personas, entre ellas con una a la que “utilizan obrando de testaferro en operaciones altas, cuidan de trabajar con sociedades en la colonia de Gibraltar”.
Otra de las personas objeto de un mayor análisis es el exministro Manuel Pimentel, al que se le relaciona con diferentes sociedades y con Eduardo Arenas, hermano de Javier Arenas. El informe señala que varias de estas sociedades han sido usadas como “Bureau para influir”, además de afirmar que los clientes de estas sociedades se habrían beneficiado “por los datos clasificados que han conocido”.
El informe realizado con el membrete de la agencia de detectives Kroll sostiene que Pimentel puso al frente de estas sociedades a familiares o personas a las que señala como “fideicomisarios habituales” para evitar las acusaciones de tráfico de influencias.
Igualmente, el informe hace referencia a las relaciones de Pimentel con Juan Aycart, su hombre de confianza. El caso Aycart terminó en el año 2000 con la carrera política del ministro Pimentel pero ya antes, el informe en poder de Villarejo hace referencia a que “por informaciones fiables se sabe que Aycart maneja una fuerte estructura corrupta que por muchos años absorbe grandes cantidades de dinero del Ministerio de Trabajo” a través de empresas como la editorial CPD.
ESPIAR LA FINANCIACIÓN DEL PP
El documento de Villarejo asegura que Pimentel fue alertado por Arenas y que no alteró su situación porque tendría una participación a través de dos sociedades (Corporacion Euroamericana de Consultoría y Formación y Cidoncha Consultores) a través de Midland Bank. El informe sobre Pimentel concluye que “en su excusa dice que las cantidades tomadas se van al Partido Popular para financiación y gastos políticos” y añade que “se miran con interés las inversiones que está haciendo en Cuba y Santo Domingo”.
En lo que se refiere al Casino de Sevilla, el informe analiza al grupo de empresas del empresario del juego Manuel Lao, que recurrió la concesión a la empresa de Binstock. El análisis realizado le relaciona con Caja Sur, entidad con la que habría firmado un acuerdo reservado sobre el casino de Sevilla. El autor del informe avanza que investigará pagos a políticos “bajo la mesa” y habla también de las costumbres sexuales del presidente de la caja, el sacerdote Manuel Castillejo, ya fallecido.
El informe hace finalmente una recopilación de diferentes anónimos sobre personas y empresas relacionadas con los protagonistas de esta historia: desde Judah Binstock a Gaspar Zarrías.
El comisario Villarejo tenía en sus manos una “nota informativa” para enviar al Subdirector General Operativo de la Policía pocos meses después del informe de Kroll en la que daba cuenta, entre otros asuntos, de la detección de las investigaciones realizadas por esta agencia de detectives sobre miembros del PP. La nota informativa hace referencia a la mayor parte del contenido de este informe, como las acusaciones a Pimentel. Esta nota habla de una reunión mantenida entre Pimentel y Manuel Domínguez (el empresario del casino de Sevilla) tras el que el ministro anunció su retirada.
La nota hace referencia a la participación de miembros de la Guardia Civil en los informes de Kroll, y a que “posteriormente fue desmentido tanto dicho informe como su contenido” porque el decano de los juzgados de Marbella recriminó “que no hubiera sido informado en su momento de la investigación sobre presumibles delitos”.
