La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, ha logrado destapar un fraude superior a los 6 millones de euros en el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas durante el año 2019. Un total de 11 personas fueron arrestadas y otras 25 investigadas tras ser identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos.
A los detenidos se les acusa de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Las actuaciones policiales fueron 76 y tuvieron lugar en un total de 21 provincias. En concreto han tenido lugar en Álava, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Gerona, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Las pesquisas se iniciaron después de que la Policía Nacional recibiese varias denuncias de hechos similares que tuvieron lugar en diferentes puntos de la geografía española. La mayor parte de los implicados en el beneficio de las cuantías abonadas de manera ilícita eran personas cercanas a los fallecidos. En su mayoría eran hermanos, hijos, nietos y sobrinos, aunque también hay casos de maridos, esposas, yernos e incluso exparejas.
En el curso de las investigaciones no todos los identificados han podido ponerse a disposición de la autoridad judicial. Algunos de los identificados han fallecido, otros están enfermos de gravedad y otros están en un avanzado estado de edad. De igual forma, otros se encuentran residiendo en otros países como Francia, Suiza, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Chile y Ecuador.
12.586 ABONOS DE PENSIONES INDEBIDOS
La operación ha estado cargada de complejidad a nivel organizativo para los investigadores. Estos han analizado un total de 12.586 abonos de pensiones indebidos, así como 75 cuentas bancarias. En 23 casos había más de 100.000 euros defraudados y 40 pensiones superaban los 10 años de ingresos indebidos. Además se han investigado 22 fallecimientos que tuvieron lugar antes del año 2000 y 11 muertes de pensionistas españoles que ocurrieron en el extranjero.
En total, el fraude de las pensiones ha alcanzado los 6.357.510,68 euros. De ellos, y a través de los diferentes mecanismos legales, se han podido recuperar hasta el momento 3.893.787,08 euros, algo más de la mitad.
FIRMANDO CUATRO AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE
Entre los casos más destacados de los investigados por los agentes de la Policía Nacional se encuentra el de una mujer que, para seguir teniendo acceso a la cuenta bancaria de su madre fallecida cuatro años antes decidió suplantar su identidad.
Para ello recurrió a una «actriz», que se hizo pasar por su progenitora fallecida. De esta manera consiguió tener acceso al dinero de la cuenta a través de la falsificación de la firma de la titular de la misma.
Gracias a su artimaña logró acceder a más de 200 disposiciones en efectivo. Estas han supuesto un fraude para el Instituto Nacional de la Seguridad Social superior a los 74.000 euros, abonados durante más de 20 años de manera indebida.
FALSIFICACIÓN DE JUSTIFICANTES
Otro de los casos destacados por los investigadores es el de un empleado de banca. Este, aprovechando sus conocimientos acerca del cuerpo y abusando de la confianza de sus compañeros, realizó hasta 62 reintegros de la cuenta de una mujer que había fallecido. Estos habían sido abonados de manera indebida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Para la comisión del delito, el ahora detenido optó por la falsificación de justificantes de efectivo y las cartillas bancarias de la pensionista fallecida. Para no levantar sospechas y justificarse en su puesto laboral, aprovechaba el momento en el que atendía a personas de avanzada edad para decirle a su compañero de ventanilla que se trataba de una persona muy mayor.
Aludiendo a que no podía estar en pie por tener dificultades de movilidad, las invitaba a esperar sentada. Esta estrategia fue utilizada para que le entregaran el dinero en caja, creyendo que la mujer sentada era la titular de la cuenta.
La detención del empleado tuvo lugar mientras este extraía dinero de un cajero automático de la misma entidad en la que robó anteriormente.
FRAUDES EN LAS PENSIONES
Los fraudes en el cobro de las pensiones están a la orden del día. De hecho, ayer empezó a ser juzgada una trabajadora social que cobró la pensión de un fallecido durante 33 años. Para la mujer, la Audiencia de Madrid solicita seis años de prisión por un delito continuado de estafa y falsedad documental.
Como se puede comprobar después que la Policía Nacional haya destapado este gran fraude en España, con 36 personas implicadas (11 detenidas y 25 investigadas), el cobro de pensiones de manera indebida se da con frecuencia.
Para ello, familiares, amigos y otras personas cercanas a los fallecidos, recurren a la falsificación de documentos y de partidas de defunción. De esta manera tratan de evitar que se pueda conocer el fallecimiento del pensionista. Esta circunstancia permite seguir recibiendo cada mes la correspondiente paga.
Esta no es la primera operación de este tipo desarrollada por parte del Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, a finales del año 2018 identificó a 46 personas y detuvo a 9 de ellas por ocultar la muerte de allegados para cobrar sus pensiones. En uno de los casos, el detenido llegó a percibir las prestaciones durante más de 20 años. Para ello se disfrazaba y actuaba como si fuese una persona de muy avanzada edad.
En aquella ocasión se detectaron 53 casos de falsedad documental, apropiación indebida y estafa. En total supuso el abono indebido de casi 6 millones de euros en pensiones, una cifra similar a la defraudada en esta ocasión.
DEBILIDADES EN LOS PROCESOS DE DETECCIÓN DE FALLECIDOS
Desde diferentes órganos como el Tribunal de Cuentas reconocen que existen debilidades en los procedimientos para la detección de las personas fallecidas por parte de los organismos encargados de la gestión de las prestaciones.
Se considera un hecho significativo cuando el tiempo que pasa entre el fallecimiento del pensionista y su detección es superior a los cuatro años. Además puede derivar problemas a la hora de recuperar las cantidades abonadas de forma indebida, por su prescripción.
Por norma general, en la mayoría de los casos las pensiones no contributivas se abonan a personas fallecidas durante uno o dos meses. El pago cesa en cuanto el órgano gestor tiene constancia del fallecimiento, y este plazo se considera «normal». Sin embargo, hay casos en los que se ha pagado la pensión a un fallecido durante más de 10 años.
