Aena considera que la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 (DORA II) este martes por parte del consejo de ministros «da estabilidad» al marco regulatorio aplicable a la gestión aeroportuaria.
En concreto, a través de una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el gestor aeroportuario señala que la aprobación del DORA «fomenta la sostenibilidad» y garantiza un nivel de inversiones «adecuado para mantener e incrementar la calidad de las infraestructuras aeroportuarias».
Así, la compañía señala que realizará las consideraciones que corresponden sobre el DORA cuando este sea comunicado por la Administración competente.
El DORA II plantea una inversión de 2.250 millones de euros en el periodo, a una media anual de 450 millones de euros. Mediante el DORA 2022-2026, el Gobierno establece una congelación de la senda tarifaria de Aena durante los próximos 5 años, lo que sitúa las tarifas de Aena «entre las más competitivas», y contribuirá a «atraer nuevas compañías» y a la recuperación del sector del transporte aéreo.
Por otro lado, el compromiso con la sostenibilidad medioambiental se medirá con la incorporación de seis nuevos indicadores medioambientales que completarán los estándares de calidad del servicio del DORA 2022- 2026.
En materia de inversiones y con objeto de potenciar la sostenibilidad en la red de Aena, se llevará a cabo el Plan Fotovoltaico, que permitirá a Aena la autogeneración de toda su energía eléctrica en 2026.
Asimismo, el DORA establece un marco «predecible y confiable» que garantiza la competitividad y la estabilidad del modelo aeroportuario para los próximos años, «asegurando la prestación de unos servicios aeroportuarios de calidad en la red de Aena», equilibrando las necesidades de desarrollo del gestor con unas tarifas aeroportuarias competitivas que facilitarán la recuperación del sector del transporte aéreo.
La aprobación del documento pone fin al proceso de diálogo y concertación desarrollado a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que comenzó con la propuesta inicial de Aena, sobre la que se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y que fue presentada también a los Comités de Coordinación Aeroportuaria.
