El empresario Javier López Madrid y la doctora Elisa Pinto han presentado sendos recursos en los que piden al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que reabra la investigación destinada a averiguar si el ejecutivo contrató al entonces comisario José Manuel Villarejo para que hostigara a la dermatóloga con el objetivo de impedir que le denunciara a causa de un conflicto de carácter personal que ha llegado a tres juzgados.
Los dos escritos, instan al magistrado a revertir el auto dictado el pasado 27 de julio con el que puso fin a la instrucción de esta pieza separada 24 de la macrocausa ‘Tándem’ proponiendo juzgar a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo y su socio Rafael Redondo por cohecho pasivo.
Según relata el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, López Madrid contrató a Villarejo en septiembre de 2013 para que llevara a cabo labores de hostigamiento contra la doctora. Así, García-Castellón detalla que la habrían advertido en persona, para pasar después a seguimientos e incluso interferir en la investigación policial una vez presentada la denuncia de Pinto contra López Madrid.
Pinto, que ha pedido 6 años de cárcel tanto para López Madrid como para Villarejo y Redondo, pretende que el juez acuerde las diligencias que le fueron denegadas y que consisten en profundizar en la «trama policial» que el comisario habría puesto «al servicio particular» de López Madrid, para lo cual consideró necesario interrogar como investigados a los ex comisarios Enrique García-Castaño, Andrés Gómez Gordo y José Luis Conde.
En este sentido, la abogada de Pinto destaca que cuando ésta interpuso su primera denuncia por el presunto encargo de López Madrid a Villarejo para acosarla «nadie le prestó la más mínima atención, nadie la creyó, incluso llegaron a archivar en abril de 2016» porque en ese momento nadie investigaba al comisario.
Por eso, expone, «esta parte ha tenido que reproducir las piezas como en un puzzle, investigando ‘motu proprio’ con pruebas halladas en un proceso y en otro, para lograr esclarecer la verdad».
EN PLAZA DE CASTILLA
Y es que la batalla judicial entre Pinto y López Madrid se extiende a otros dos juzgados madrileños: Los de instrucción número 39, que ha procesado a López Madrid por delitos de acoso y amenazas –al que después ha sumado un delito de lesiones–, y a Villarejo por la puñalada que le habría propinado a Pinto; y número 26, que investiga los supuestos mensajes y llamadas amenazantes de la doctora hacia el empresario y su entorno.
Los dos coinciden en que lo actuado en los juzgados de instrucción de Madrid es relevante para esta pieza de ‘Tándem’, si bien López Madrid en su recurso pide incorporar solamente la investigación llevada a cabo en el número 26 porque entiende que en esa sede judicial ha quedado acreditado que el empresario «ha sido, precisamente, quien ha sufrido las conductas que el auto de forma incorrecta le atribuye».
A este respecto, insiste en que no es cierto que contratase a Villarejo para hostigar a la doctora y que no denunciara, ni que una vez denunciado interfiriera en la investigación judicial.
Aduce López Madrid que no sería justo que García-Castellón tuviese en cuenta la causa del 39 y obviase la del 26. De lo contrario, advierte, «bien podría concluirse que se está utilizando lo que sirve para imputar y se omite de forma deliberada lo que obliga a exculpar».
«No puede, so pena de tratar al justiciable como una marioneta que habrá de someterse a lo que se haya prejuzgado, omitirse lo que beneficia a alguien», argumenta haciendo hincapié en la «pena de banquillo» que conlleva la apertura de juicio oral contra toda persona.
Cabe recordar que López Madrid fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso ‘Lezo’.
También está investigado en ‘Púnica’ por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.
