El Gobierno modificará la normativa de ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para facilitar el desembolso de inversiones y permitir una ejecución plurianual de los créditos del plan.
Así lo ha comunicado en el Congreso la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea (UE), para informar sobre los últimos avances de este plan.
Calviño ha informado a las Cortes de que esta disposición se incorporará en los Presupuestos Generales del Estado que se tramitarán próximamente y supondrá una modificación del decreto ley que regula la gobernanza y la ejecución de estos fondos europeos.
La vicepresidenta primera ha justificado esta modificación legal «para facilitar el despliegue de estas inversiones». «Son inversiones de carácter plurianual, que irán cogiendo ritmo en los próximos meses», ha incidido la ministra de Asuntos Económicos.
CASI 7.500 MILLONES ASIGNADOS YA A LAS CCAA
A día de hoy, ha explicado, ya se han asignado a las comunidades autónomas fondos por un importe de 7.464 millones de euros, a través de las respectivas conferencias sectoriales, correspondiendo más de la mitad, 3.954 millones, a medidas para la ‘transición verde’ (eficiencia energética, rehabilitación de edificios, fomento de autoconsumo y almacenamiento, y movilidad sostenible).
Le siguen, por cantidades asignadas, fondos para la Educación y la Formación Profesional (1.596 millones), Protección Social (1.154 millones), Empleo (688 millones), Cultura (50 millones) y Digitalización (23 millones).
En el caso de la Educación y la FP, más de mil millones van dirigidos a financiar un programa de digitalización del sistema educativo y la Universidad, y otros 300 millones al Plan estatégico de impulso de la FP. En este punto, ha recalcado el «papel fundamental» de las comunidades para dotar de plazas en el ámbito público.
Los fondos dirigidos a Protección Social, ha explicado, buscan reforzar los servicios sociales y la dependencia, con el fin de que las comunidades puedan adaptar las políticas de cuidado de larga duración «hacia una atención más centrada en la persona y en el domicilio», además de modernizar los servicios sociales con nuevas herramientas tecnológicas.
Los casi 700 millones de euros van a financiar la creación de nuevos centros de orientación y emprendimiento autonómicos, fomentar la contratación de jóvenes investigadores, capacitación de mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes y proyectos de inserción de colectivos especialmente vulnerables.
