El Gobierno de Andorra ha aprobado un nuevo proyecto de ley para forzar la prórroga de aquellos contratos de alquiler que venzan durante el 2022, según ha explicado el ministro titular de Territorio y Vivienda, Víctor Filloy, en rueda de prensa este miércoles.
Se trata de un texto similar al adoptado en los años anteriores y que prevé que solo se puedan actualizar los precios según el Índice de Precios de Consumo (IPC), con el objetivo de «proteger» a las familias arrendatarias.
El proyecto, que será aprobado próximamente por el Consell General –parlamento–, donde la coalición de gobierno tiene la mayoría absoluta, prevé algunas excepciones a la prorroga forzosa.
Se podrán concluir contratos para ceder la vivienda al Gobierno para usos sociales, y en caso de recuperar el bien para uso de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad; también quedan exentos de la prórroga los alquileres de viviendas que se encuentran por encima de los 1.500 euros mensuales.
Este año se incluye una nueva excepción para aquellas viviendas que llevan prorrogando forzosamente el contrato de alquiler desde el 2019, y se les permite actualizar el precio hasta un máximo del 10% siempre que se haga un nuevo contrato por cinco años.
INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO Y PENSIONES BAJAS
El Ejecutivo aprovecha este proyecto de ley de medidas de protección y flexibilización del mercado de arrendamiento de vivienda, de las condiciones esenciales de las viviendas de precio asequible y de mejora del poder adquisitivo para incrementar un 3,2% aquellas pensiones más bajas, que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional.
Vinculado a ese aumento, el Gobierno ha anunciado que decretará el mismo incremento para el salario mínimo, con el objetivo de ir acercándolo al 60% del salario medio.
Según los cálculos expuestos por Filloy, el 60% del salario medio se situaría alrededor de los 1.273 euros, y con el incremento del 3,2%, el salario mínimo para el 2022 será de 1.157,36 euros.
VIVIENDAS DE PRECIO ASEQUIBLE
Finalmente, el proyecto de ley aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros regula las condiciones esenciales de las viviendas de precio asequible, concepto definido por la ley del Instituto Nacional de la Vivienda.
Con este texto, se define el precio asequible como la renta de alquiler igual o inferior a la que apruebe el Gobierno con esta finalidad, que será un 25% inferior al precio de mercado, tomando como referencia el fichero de datos de los contratos de alquiler de viviendas que ha de crearse cumpliendo con la ley del Instituto de la Vivienda.
El proyecto de ley de medidas de protección y flexibilización del mercado de arrendamiento de vivienda, de las condiciones esenciales de las viviendas de precio asequible y de mejora del poder adquisitivo obliga al Ejecutivo a aprobar un reglamento para el cálculo del precio asequible y los requisitos que estas viviendas deberán tener.
