El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado que la nueva Ley de Universidades suponga «avances efectivos» para la inclusión del colectivo, dando respuestas, además, a los «desafíos» y «obstáculos» detectados en las últimas décadas.
Así lo ha puesto de manifiesto en un documento de enmiendas a la norma en el que recalca que la nueva ley de universidades «no debe de ir por detrás» de los contenidos y garantías establecidas al amparo de la Convención de la ONU en esta materia.
Para el CERMI, la universidad «es y debe ser fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de igualdad de oportunidades, de inclusión y de libertad cultural».
En este sentido, reclama como «esencial» que las universidades se conviertan en «espacios donde se faciliten experiencias inclusivas ante cualquier identidad personal o ante la discapacidad», al tiempo que recalca que ve «necesario considerar las necesidades ambientales o de cambio climático» a la hora de adaptarse a los cambios que se van sucediendo.
En cuanto a la transformación digital, el CERMI propone en sus enmiendas un compromiso en materia de inclusión educativa de las personas con discapacidad con respecto a la accesibilidad.
INTERNACIONALIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Por otra parte, las enmiendas de la entidad refleja el aumento en la última década del alumnado con discapacidad que accede a la universidad pública, aunque actualmente represente el 1,9% de estudiantes universitarios. De ahí que reclame reflejar este fenómeno.
Del mismo modo, y en relación al proceso de internacionalización del sistema universitario, el CERMI plantea que la nueva ley añada información relativa a la inclusión de personas con discapacidad como parte de este proceso y, de esta manera, poder reflejar con datos la posibilidad de acceder a experiencias educativas internacionales en el contexto de la discapacidad.
Además, para la plataforma de la discapacidad es «importante» y «una prioridad» la formación del profesorado y la toma de conciencia de una educación inclusiva, desde la necesidad de que la discapacidad encuentre un espacio y atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades.
«La ley debería aludir a planes de formación docente para proporcionar las competencias clave necesarias para trabajar en entornos educativos inclusivos con enfoque de género y derechos humanos», explica.
CUPO PARA ESTUDIANTES E INVESTIGACIÓN
Al respecto, también reclama que se visibilicen los servicios de atención a la discapacidad que existen en ellas, «poniendo en valor su labor y consolidando sus estructuras», así como que sostiene que debe identificarse como interlocutores y socios para la cooperación con el ámbito universitario, al sector representativo de la discapacidad.
«Es importante que tanto los órganos de la universidad como el estudiantado tengan contacto con el movimiento asociativo de la discapacidad con el fin de que las políticas universitarias recojan las necesidades reales de la diversidad existente», explica la entidad en el texto.
Incluir un plan de inclusión de la discapacidad, incentivar y favorecer la conexión de las universidades con el Tercer sector y reservar de un cupo de plazas para personas con discapacidad en el ámbito de la investigación y docencia universitaria, así como que se reserve al menos un 5% de las plazas ofertadas de grado, master y doctorado para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, son otras de las medidas recogidas en las enmiendas de la plataforma.
