Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León interpondrán «como mucho a más tardar en una semana» un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y la suspensión cautelar de la orden ministerial por la que se incluye al lobo en todo el territorio nacional en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y que entrará en vigor este miércoles, 22 de septiembre, tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, ha señalado que el recurso se anunciará «en breve» y que este mismo martes se van a reunir los consejeros autonómicos de las cuatro comunidades autónomas precisamente para analizar la orden y fijar la fecha de presentación. El recurso, según ha explicado, se basará en los motivos «más que fundados» para que la orden ministerial se anule.
En todo caso, el anuncio de interposición del recurso y la petición de medidas cautelares se hará «a más tardar en una semana» precisamente porque Arranz considera que es «imposible» que la orden pueda entrar en vigor este mismo miércoles si se pretende hacer con garantías jurídicas.* «No ha habido un periodo para adaptarnos», ha subrayado, al tiempo que critica que Castilla y León no ha recibido el último dictamen del Consejo de Estado (aprobado el pasado jueves y remitido al Ministerio el viernes por la mañana) hasta hace «unas pocas horas».
De manera preliminar, puesto que la Junta de Castilla y León está aún analizando el dictamen, el director general asegura que el Consejo de Estado corrobora algunos de los argumentos de la comunidad autónoma, aunque admite que no en todos.
Arranz ha mostrado sus recelos ante la entrada en vigor de la orden ministerial, por la que de facto, el lobo ibérico dejará de ser una especie cinegética en el conjunto del territorio y no solo al sur del Duero, donde la especie ya estaba a salvo de su caza, ya que la orden ministerial equipara a todas las poblaciones del conjunto del país.
A su juicio, si la orden entra en vigor se generará «incertidumbre» sobre lo que se puede o no hacer porque «no queda nada claro». De hecho, Arranz asegura desconocer «quien tiene que indemnizar los daños», ya que la orden en la parte de memoria económica señala que «no va a suponer gasto».
«No sé como solo con eso no se paraliza. Igual es así si el Estado piensa no pagar, pero las a las administraciones autonómicas nos puede suponer un coste importante y esa imposibilidad de los daños puede poner en riesgo a la ganadería extensiva», advierte.
Asimismo, otro de los argumentos por los que se pedirá la suspensión cautelar se debe a que la orden ministerial «obliga» a modificar «muchas normas», y entra en vigor este miércoles, para que las comunidades autónomas se adapten y esto «no tendría sentido» si finalmente la Audiencia Nacional les da la razón.
Arranz desconoce igualmente los perjuicios económicos allí donde ya hay autorizadas ciertas batidas dentro de su plan de caza, pues se trata de ingresos para los titulares de los cotos o de los propios municipios. ¿Quién indemnizará?», se pregunta.
En definitiva, lamenta que la orden se ha modificado con «excesiva prisa» y sin incorporar alegaciones y considera que esta urgencia se debe a que el 25 de septiembre, «precisamente», se abre la caza del lobo en Castilla y León, aunque en Cantabria ya estaba abierta.
«No se comprende la obsesión contra Castilla y León. No se menciona a Cantabria pero se insiste en Castilla y León», apostilla Arranz, que manifiesta que la «falta de claridad» sobre controles, autorizaciones vigentes, los controles cinegéticos o el marco jurídico dan lugar a controversia.
