PP y Vox han criticado este martes la propuesta de ley que el PSOE ha llevado al Pleno del Congreso para penalizar el acoso a las mujeres y profesionales que acuden a las clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), alegando que el Código Penal ya recoge este tipo penal.
La iniciativa socialista propone un nuevo artículo que castigue con la pena de prisión de tres meses a un año, o de trabajos en beneficio de la comunidad, a quienes «hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».
La formación en el Gobierno considera necesaria esta medida porque, según ha explicado su portavoz en esta materia, Laura Berja, un 89% de las usuarias de estos centros han asegurado sentirse «acosadas» y un 75% de ellas también «amenazadas» en su acceso al mismo.
Se trata de datos recogidos en un estudio de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), de donde también se desprende, según ha señalado Berja, que un 90% creen que «deberían recibir protección pública» frente a esta situación.
«Acosadas y amenazadas al ejercer un derecho y al recibir una prestación sanitaria de la cartera de servicio de la salud pública», ha señalado la diputada, antes de llamar al resto de fuerzas políticas a apoyar esta iniciativa.
A su juicio, esta situación se produce porque se trata de un derecho que tienen las mujeres pues, ha explicado, no sucede en los hospitales «contra las vasectomías a los hombres». A su juicio, esta situación es un «atentado contra la libertad de las mujeres» a «elegir su maternidad» y «el presente y futuro de sus vidas»; así como «un atentado contra la intimidad» con el objetivo de «someter a escarnio público» la vida sexual de las pacientes.
VOTO EN CONTRA DE VOX
Estas declaraciones han sido rechazadas por Vox, que ha presentado un voto en contra de esta iniciativa. Su portavoz en esta materia, María de la Cabeza Ruiz, ha defendido la labor de los grupos providas que están ante las clínicas abortivas que, según ha apuntado, han ayudado a salvar la vida de «5.200 niños» que «estaban desahuciados» en «5 años».
Para la diputada, esta iniciativa es consecuencia de los intereses económicos de las clínicas y ha apuntado que el delito de acoso «ya existe» y está clasificado «dentro del delito de coacciones».
A su juicio, lo que ocurre ante estos centros no es coaccionar porque «no están impidiendo» que las mujeres entren a abortar, ni se ejerce la fuerza, la violencia o la intimidación como, ha apuntado, haría falta para la comisión de este delito. Si esto ocurriera, ha indicado Ruiz, «habría condena» y «si hubiera condena», ha apuntado, Vox estaría en contra de cualquier acoso al que fuera sometida una mujer «fuera por el motivo que fuera».
Este argumento ha sido usado también por el PP, para quien esta propuesta es «innecesaria» porque el Código Penal «ya tipifica» la coacción y penaliza la misma, a su juicio, de una manera «suficiente».
EL PP LE ACUSA DE POLÍTICA «SECTARIA»
Según ha explicado en el debate la ‘popular’ Teresa Angulo, el PSOE busca con esta propuesta «coartar» el «derecho de reunión y expresión» de un grupo de personas que se concentran de forma «pacífica» ante las clínicas, en un «intento» de limitar de forma «sectaria» estos derechos «en función de quién los ejerce».
Así, les acusa de no reclamar esta penalización del acoso a trabajadores por «usar en su trabajo el idioma oficial de su país», en concentraciones antes lugares de «culto religioso», o donde se celebran «espectáculos culturales».
El debate se ha celebrado en un ambiente bronco que ha provocado la suspensión del Pleno durante 10 minutos, ante la negativa del diputado de Vox, José María Sánchez, a abandonar el hemiciclo tras ser llamado al orden en tres ocasiones por el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión durante este debate.
Sánchez se negó en un principio a retirar un insulto que, según Rodríguez Gómez de Celis, había realizado contra la diputada del PSOE que en ese momento intervenía en la tribuna. Tras los 10 minutos de receso, el vicepresidente primero reclamó de nuevo al diputado la retirada del «calificativo de bruja» a Berja. «Retiro que la he llamado bruja», ha respondido el representante de Vox, antes de que se reanudara la sesión.
CRÍTICAS A VOX
Algunos portavoces de grupos parlamentarios se han referido a este episodio en sus intervenciones. El líder de Más País, Iñigo Errejón, se ha dirigido a la socialista para señalar que el hecho de que «un inquisidor» la llame «bruja» es «un orgullo» y ha apuntado que si «un diputado de la ultraderecha» se «atreve a comportarse en la Cámara con un diputado, qué no le dirán a las puertas de las clínicas a las mujeres que van solas a intentar abortar».
«Nosotras somos las hijas y nietas de las brujas que no pudieron quemar en las hogueras y no consentiremos nunca más que su intolerancia vuelva a matarnos», ha iniciado su discurso la portavoz de Igualdad de ERC, Pilar Vallugera, quien ha lamentado que Vox llegue a «montar este circo» para «buscar la portada», mientras el debate sobre el aborto en España sea en la actualidad «bastante pacífico».
La representante de Podemos en esta materia, Sofía Castañón, por su parte, ha calificado el acoso que, a su juicio, sufren las mujeres ante las clínicas como «atroz y antidemocrático» y ha mostrado su apoyo a la propuesta del PSOE, aunque ha reconocido que es necesario «ir más allá».
La diputada morada ha recordado que el Ministerio de Igualdad está trabajando en una reforma de la actual ley del aborto, aprobada hace 11 años, un tiempo en el que, según Castañón, se han producido «avances» y novedades en la lucha feminista a los que habría que «amoldarse».
GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO
Del mismo modo, la portavoz de Igualdad de EH Bildu, Bel Pozueta, ha llamado a «abordar con seriedad» el tema de la salud sexual y reproductiva en las diferentes etapas de la vida dando «respuestas» que no sean «ideológicas» o «morales», sino «profesionales».
La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha llamado a las formaciones a evitar la situación de acoso y hostigamiento de las mujeres ante los centro de IVE y les ha recordado que su labor es «garantizar el ejercicio de los derechos» de estas mujeres. «Cuando se trata de derechos no puede haber insumisión, ni objeción de conciencia. Deben garantizarse de forma efectiva los derechos legalmente reconocidos, como en este caso, el aborto libre y gratuito», ha declarado, por su parte, el diputado del BNG, Nestor Rego.
También el representante del PNV, Mikel Legarda, ha criticado la intimidación y estigmatización tanto a mujeres como a profesionales de estas clínicas que dan «un servicio público» que es «un derecho»; mientras su homóloga de Junts, Pilar Calvo, ha advertido que quienes están ante las clínicas «son los mismos que se envuelven en la bandera española para cargar contra los MENA». «Porque ya sabemos que para la extrema derecha hay vidas que importan y vidas de patera que no importan tanto», ha concluido.
