Ocho de los once acusados de formar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en clubes de Aragón y Alicante han reconocido este lunes los hechos en el arranque del juicio contra ellos, que se celebra en la Audiencia Provincial de Cantabria, y en el que han aceptado penas de hasta más de 80 años de cárcel y multas de 96.650 euros.
Este es el caso del socio y subordinado directo del presunto cabecilla, que se enfrentaba inicialmente a 518 años y nueve meses de prisión y 2,65 millones de multa que reclamaba la fiscal por los 137 delitos de prostitución -a otras tantas mujeres procedentes del este de Europa, Sudamérica y norte de África-, además de uno de blanqueo de capitales -que también achaca a este procesado- y otro de tenencia ilícita de armas.
En cambio, no ha reconocido lo sucedido el jefe de la banda, para quien el ministerio público mantiene los 555 años de prisión y 3,1 millones de euros de multa solicitados por los tres supuestos ilícitos. A preguntas de la fiscal ha asegurado que «nunca jamás en la vida he hecho uso de ninguna autorización a cuenta de ninguna sociedad» que supuestamente administraba para ocultar a través de ellas la procedencia de beneficios generados por la prostitución.
Y ha negado conocer lo que ocurría en el interior de las habitaciones de los locales que formaban parte del negocio, y que ha enmarcado en todo caso dentro de la «libertad sexual» de las mujeres que se hospedaban en esos hostales o pensiones, según ha indicado.
Tampoco han admitido los hechos los hijos del cabecilla, para los que el ministerio público reclama 411 años de cárcel y 2,2 millones de euros por el delito de prostitución y 5 años de prisión y 900.000 euros de multa (al hijo) y 980.000 euros (a la hija) por el de blanqueo.
CÓMPLICES DE PROSTITUCIÓN
Al margen de estos tres encausados, los ocho restantes han reconocido lo ocurrido y se han mostrado conforme con el escrito de modificación avanzado por la Fiscalía y las nuevas penas propuestas.
Las mismas suponen una rebaja respecto a las iniciales al considerarles a siete de ellos -todos menos el socio del líder- cómplices del delito de prostitución -y no autores- y al entender también esta parte que concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por estos hechos.
Así, en un principio a tres de los colaboradores se les imputaban un total de 64 delitos de prostitución, mientras que a otros se acusaba de 25, 24 ó 7 delitos de este tipo. Cada uno conllevaba pena de prisión (entre tres años y medio, y dos años y medio) y multa (oscilaba entre los 13.500 y los 6.750 euros).
Ahora, al admitir su participación en lo ocurrido, las penas que interesa la fiscal oscilan entre 32 años y tres años y medio de cárcel, aunque también se piden doce años y doce años y medio. Y las multas van de 3.150 a 28.000 euros, pasando por los 10.800 y 11.250 euros.
ORGANIZACIÓN, CONTROL Y BENEFICIOS
Según la fiscal, los principales imputados lo están porque «organizan, controlan y se benefician económicamente» de la prostitución de mujeres, que «se ven obligadas a residir y tener relaciones sexuales con los hombres que indican los responsables de los locales, con las condiciones y precios marcados por la misma, horarios abusivos y disponibilidad absoluta para prostituirse».
Al considerado jefe de la organización le acusa de administrar varias sociedades, «normalmente» sin trabajadores dados de alta ni actividad económica conocida, a través de las cuales «se trata de ocultar la procedencia de los beneficios generados por la prostitución».
A sus órdenes están sus más estrechos colaboradores -sus dos hijos y su socio y subordinado directo- y bajo su autoridad se encuentran los encargados de los clubes, quienes informan «diariamente de las recaudaciones y de las mujeres que hay», siendo él «quien tiene la última palabra» sobre los prostíbulos. Según la acusación pública, el jefe se encarga de su inspección, de la recaudación, de reclutar mujeres, de cambiarlas de club según las necesidades y de dar de alta o baja a los trabajadores de seguridad y camareros.
Mientras, los hijos del cabecilla se hacen cargo de la gestión «administrativa y financiera de la red» y el resto de acusados son colaboradores, responsables de la gestión de los locales y de controlar a las mujeres explotadas.
En total, en lo registros hechos en 2010 fueron identificadas 137 extranjeras ejerciendo la prostitución, en tanto que al cabecilla le incautaron dinero en metálico, tres pistolas con munición, y documentación relacionada con los clubes y las sociedades.
«NO PUEDO SABER LO QUE HACEN DENTRO DE LAS HABITUACIONES»
Durante el interrogatorio de la fiscal, el supuesto jefe de la organización ha señalado que ha estado «mucho tiempo» dado de alta como autónomo, pero para otras actividades. Y aunque ha admitido su participación en sociedades involucradas o tener autorización para las cuentas, ha negando la gestión de las mismas o el uso de ese permiso.
«Nunca jamás en la vida he hecho uso de esa autorización a cuenta de esas sociedades», ha sentenciado, para rechazar así haber realizado «ninguna operación» o gestionado «un euro». «Ni sé dónde está el banco. No he ido nunca», ha apostillado al respecto.
«Yo, cuando tomé la decisión de montar estos negocios, nunca pensé ciertas cosas», ha manifestado el principal encausado en un punto de su declaración. En otros momentos, ha expresado que los locales se usaban como hostales -no como prostíbulos- y que las chicas que se hospedaban en ellos «van y vienen donde ellas quieren», ha defendido.
A este respecto, ha agregado que él desconoce si se ejerce la prostitución en las habitaciones de la pensión. «No puedo saber lo que hacen allí dentro», ha sentenciado, para apuntar que en todo caso eso «está dentro de su libertad sexual».
Ha agregado, a propósito de cuestiones por un local concreto, que algunas mujeres residían en él y pagaban 50 euros diarios, «con derecho» a desayuno, comida, cena, self-service o limpieza de habituación «las 24 horas» del día, según ha detallado.
Con todo ello, el principal procesado en esta causa ha negado dedicarse a la gestión de clubes de alterne, dar órdenes en los locales en cuestión, «mandar chicas» o lucrarse del negocio.
En su lugar, ha señalado que se limitada a ejercer sus «derechos como socio» de un negocio. «Me informaba y preocupaba por ello», ha manifestado.
Y de las conversaciones habituales con otros encausados, como las mantenidas con algunos encargados de los locales, las ha enmarcado en una relación de «conocidos» o «colegas».
Finalmente, sobre el dinero incautado en el momento en que fue arrestado –tenía 40 billetes de 500 euros- ha señalado que era porque se iba de viaje y para hacer distintos pagos.
El juicio proseguirá este martes con el interrogatorio de la defensa al principal enjuiciado, y continuará después con la declaración de sus hijos, ya que tampoco han reconocido los hechos ni aceptado las penas propuestas.
A continuación, se desarrollarán las pruebas testifical y pericial, y la vista concluirá a finales de la semana que viene, con las conclusiones definitivas, informes de las partes y derecho a la última palabra de todos los procesados.
