La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este lunes el archivo de ‘Púnica’ para la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que estuvo investigada por las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 y por la presunta financiación ilegal del PP regional.
Los jueces de la Sección Cuarta han respaldado el auto dictado el pasado mes de abril por el juez de la ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, confirmando el cierre de las pesquisas para Cifuentes, el presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández y la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder, al desestimar los recursos presentados por ADADE y PSOE.
Los magistrados señalan que no se ha podido constatar que la actuación de Cifuentes fuera determinante para adjudicar dicho contrato al Grupo Cantoblanco, ni que en tales adjudicaciones hayan sido relevantes las donaciones efectuadas por Arturo Fernández a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (FUNDESCAM).
«Inexistencia de indicios de criminalidad que hemos de extender a la conducta consistente en participar en la financiación ilegal del Partido Popular», han añadido los miembros de la Sección Cuarta.
En este sentido, han indicado que «no ha quedado determinado, ni siquiera indiciariamente, que la adjudicación de los servicios de explotación del restaurante de la Asamblea de Madrid a la empresa Cantoblanco (…) tengan una relación directa con las donaciones, por importes de 100.000 y 60.000 euros, que hicieron las entidades Arturo Grupo Cantoblanco SL y la Confederación Empresarial de Madrid, respectivamente, en favor de FUNDESCAM, controlada por el Partido Popular».
MERAS «CONJETURAS»
Estas acusaciones pedían mantener investigada a Cifuentes alegando que FUNDESCAM era en realidad una herramienta para ocultar la financiación ilegal del PP madrileño que se habría nutrido de donaciones de empresarios que después conseguían contratos públicos. Según los recurrentes, es imposible que la antigua dirigente ‘popular’ desconociera este mecanismo y, en particular, las adjudicaciones al Grupo Cantoblanco.
Sin embargo, la Sala ha considerado que el recurso se basa en «conjeturas o sospechas, más propias de una fase inicial de la investigación pero totalmente denostadas después de practicarse las esenciales diligencias».
«De toda la actividad indagatoria celebrada se extraen, de manera clara y contundente, la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad en los actos de los tres investigados» mencionados, han afirmado los magistrados.
Respecto a Cifuentes, han precisado que en los contratos administrativos de adjudicación de los servicios de restauración en la Asamblea de Madrid participaron todos los grupos políticos, que «incorporaron el criterio ponderativo de la calidad de la comida y del servicio», y que «el comité de expertos designado actuó con independencia y unanimidad llegando a la conclusión de que la mejor oferta era la del Grupo Cantoblanco».
En cuanto a la presunta vinculación entre las donaciones a FUNDESCAM por parte de las empresas de Fernández y dicha adjudicación, «no se ha constatado que tuviera nada que ver», han sostenido.
Y, sobre el conocimiento o la participación de Cifuentes en la presunta ‘caja b’ del PP de Madrid, han indicado que «tampoco se ha acreditado, especialmente porque sus cometidos como responsable de movilización territorial de aquella formación política se encuentran alejados de cualquier cometido de financiación y obtención de fondos».
De Fernández, la Sala ha concluido que «tampoco existen indicios racionales de criminalidad para que se le pueda imputar alguna conducta penal por su condición de donante» de FUNDESCAM y «mucho menos» que las adjudicaciones fueran consecuencia de esas aportaciones de dinero.
