Iberdrola y Endesa han rechazado este jueves en el Congreso que el posible cierre anticipado de sus instalaciones nucleares comunicado esta semana sea una amenaza al Gobierno por la decisión del Ejecutivo de recortar sus beneficios, si bien una de las compañías, Iberdrola, ha fechado en 2024 el año a partir de la cual las centrales dejarían de ser rentables.
Ambas compañías han aprovechado la comparecencia de sus responsables en energía nuclear para explicar y contextualizar el mensaje lanzado el pasado martes, tras la aprobación en Consejo de Ministros de un decreto ley para recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas y abaratar el precio de la luz.
Tanto el director general de Energía Nuclear de Endesa, Gonzalo Carbó, como el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López García, han acudido a la Cámara Baja para informar de la actividad en sus instalaciones durante los últimos ejercicios a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ninguno de ellos ha querido ofrecer declaraciones a la prensa ni a su llegada ni a su salida de la ponencia.
Durante su comparecencia, ambos directivos han recalcado que el comunicado de Foro Nuclear –patronal que engloba a estas dos empresas, además de EDP y Naturgy– no debía verse como una amenaza, y han tratado de explicar a los diputados su contexto, dentro de un ambiente mucho más conciliador, según informan varias fuentes presentes en la ponencia.
Según estas fuentes, los representantes de las eléctricas han señalado que medidas como el recorte de ingresos por minoración de los derechos de CO2 o por los sobrecostes del gas natural dificultaría la actividad y podría empujar a la inviabilidad económica de las instalaciones.
El representante de Iberdrola ha llegado más lejos en su exposición, llegando a fechar a partir de 2024 o 2025 cuando las instalaciones podrían verse en situación de inviabilidad y, por ello, verse amenazadas por el cierre. En estos momentos, las compañías tienen firmado un acuerdo con el Gobierno para el desmantelamiento y el cierre de sus instalaciones entre 2027 y 2035.
Según las compañías, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorados los recortes previstos, debe mantenerse en el entorno de los 57-60 euros/MWh, atendiendo además a una carga de impuestos que ya consideran «excesiva».
DEBATE SOBRE SI ESTAS INSTALACIONES ESTÁN AMORTIZADAS
También han ofrecido estimaciones, a pregunta de los diputados, de un posible efecto del cierre nuclear, que implicaría un aumento de las emisiones de CO2 en 22 millones de toneladas, un 75% de las emisiones del parque móvil, y un incremento del precio de la electricidad en un 20%.
Por otro lado, han citado las inversiones exigidas para el mantenimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las medidas de seguridad, un punto que ha abierto un debate entre los grupos, concretamente el PSOE y Vox, acerca del nivel de amortización de las centrales.
Así, Vox ha señalado que este tipo de inversiones demuestran que estas instalaciones no están amortizadas, o prácticamente amortizadas, como esgrimen las formaciones de Gobierno a la hora de defender la existencia de una sobrerretribución y, por ende, la necesidad de recortar beneficios.
¿SI NECESITA 57 EUROS/MWH ES ENTONCES UNA ENERGÍA BARATA?
Sin embargo, del lado del Gobierno, tanto del PSOE como Unidas Podemos destacan el largo plazo de actividad de estas instalaciones y además señalan cómo el nivel de rentabilidad aludido demuestra una contradicción en el emblema de la energía nuclear de que es barata y segura.
Y es que contraponen esos niveles de rentabilidad a partir de un umbral de unos 57 euros/MWh cuando los precios en el mercado mayorista han alcanzado niveles muy inferiores a esa cifra, y las subastas de renovables han registrado precios por debajo de los 30 euros/MWh.
Asimismo, han recordado que cuando se firmó el acuerdo de cierre nuclear en 2035 el MWh se situaba en 20 euros, y que parte de lo que las empresas encuadran como carga impositiva responde a costes de residuos radiactivos y desmantelamiento.
Además, han puesto en duda algunas de las estadísticas esgrimidas por la industria con arraglo al proyecto de ley de minoración de los ingresos por CO2 para las centrales, ya que el estudio responde a un borrador de la iniciativa, en los términos recogidos por el anteproyecto de ley, y no en los parámetros del proyecto de ley que llegó al Congreso, con umbrales para garantizar la rentabilidad de las instalaciones.
