Los presidentes de los reguladores audiovisuales de Catalunya, Andalucía y Valencia se han reunido este jueves en la sede del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en Barcelona para analizar las consecuencias que puede conllevar el Anteproyecto de ley de la comunicación audiovisual.
Se han evaluado también las distintas actuaciones llevadas a cabo por los tres organismos, así como la situación en cuanto a la protección de los menores, la desinformación y la educación en comunicación audiovisual, informa el CAC en un comunicado este jueves.
Han participado en la reunión el presidente del CAC, Roger Loppacher, el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Antonio Checa, y el presidente del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), José María Vidal.
En cuanto al Anteproyecto de ley, se han estudiado las modificaciones realizadas en los dos períodos de información pública, pues tanto el CAC como el CAA presentaron alegaciones al texto elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Han recordado que el Anteproyecto pretende transponer la Directiva 2010/13 UE, aprobada en noviembre de 2018 y que supone actualizar la normativa audiovisual incorporando en el ámbito subjetivo de la regulación los servicios televisivos a petición, como son Netflix o HBO, y las plataformas de intercambio de vídeos.
COMPETENCIAS
En el encuentro, han lamentado la «centralización de competencias» en materia de regulación audiovisual de manera exclusiva en el Ministerio y en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Además, han coincidido en la necesidad de «una actuación concertada y con la colaboración de las diferentes autoridades reguladoras» de modo que las competencias audiovisuales se ajusten al nuevo entorno comunicativo.
Según los tres presidentes, el Anteproyecto extiende la competencia estatal en todos los nuevos y relevantes servicios de comunicación audiovisual y de plataforma de intercambio de vídeos, mientras «obvia el nivel autonómico de este proceso de actualización jurídico.
A su juicio y según este esquema, la propuesta ministerial mantiene las competencias autonómicas a las que eran «cuando el mercado audiovisual se formaba mayoritariamente por servicios de comunicación audiovisual difundidos por ondas hertzianas».
