El exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba que envíe a juicio a Miguel Ángel Frontera, quien estuvo «a diario» frente a su casa en Galapagar «profiriendo improperios». Han solicitado para él una pena de un año y seis meses de cárcel por delitos de acoso y descubrimiento de secretos.
En un escrito de 14 de septiembre, Iglesias y Montero han solicitado también una multa de 9.000 euros por los delitos de coacciones continuadas e injurias graves contra las instituciones del Estado.
La pareja ha requerido, a su vez, que se abra pieza separada de responsabilidad civil para que Frontera preste fianza de 20.000 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen al Estado».
La defensa ha justificado su petición por la «grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial» ambos dirigentes, «siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia».
En este sentido, ha subrayado «la afectación e impotencia» de Iglesias y Montero para «proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas». «Es más, el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad», consta en el escrito.
El equipo jurídico ha pedido que se celebre juicio oral con las testificales de Frontera, agentes de la Guardia Civil y los propios Iglesias y Montero.
OCHO MESES DE PROTESTAS
En julio de 2020, la pareja presentó una querella contra Frontera por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Ahora pide una pena de prisión para el hombre por estar «a diario» –al menos desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 12 de diciembre– frente al domicilio de ambos en Galapagar, «hostigando y profiriendo términos injuriosos como ‘garrapata’, ‘chepas’ o términos de índole similar».
Iglesias y Montero han destacado en su escrito que Frontera se autoproclamó como «instigador de las protestas» a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, han relatado que el 12 de julio de 2020, el hombre, «burlando nuevamente la seguridad de la vivienda» de ambos dirigentes, «se alzó sobre una piedra para superar el muro perimetral» y «procedió a grabar desde ahí el interior de la morada», «invadiendo» la intimidad de la familia, «claramente ajenos a cualquier tipo de protesta o expresión de crítica».
Días más tarde, el 23 de julio, Frontera volvió a la casa de Iglesias y Montero «saltando el perímetro de seguridad» y «esta vez emitiendo en directo». En el marco de las investigaciones, el pasado diciembre el juez acordó una orden de alejamiento de 500 metros sobre el acusado.
