Las organizaciones de infancia han pedido 100 medidas para proteger a la infancia en la crisis del COVID-19, entre ellas, apoyar a las familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación económica; garantizar a las familias con un solo progenitor y familias numerosas las condiciones para conciliar tras el cierre de los colegios; garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas asegurando su acceso a internet, o buscar alternativas para los niños confinados en viviendas que no reúnen unas condiciones mínimas de salubridad.
Estas medidas, hechas públicas este martes 7 de abril, son fruto del análisis que la Plataforma de Infancia ha realizado junto con sus 67 entidades sobre el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la infancia en España.
«Las organizaciones de infancia somos conscientes de la necesidad de proteger a los grupos de población más afectados por el COVID-19 pero consideramos necesario también que Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos pongan en marcha políticas específicas a corto, medio y largo plazo, para proteger a los niños y niñas, especialmente a los más vulnerables, en esta crisis sanitaria» explica el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
Según ha precisado, las medidas de confinamiento han tenido un gran impacto en toda la sociedad, pero especialmente en aquellas familias con hijos que ya se encontraban en una situación vulnerable. En concreto, 2,46 millones de niños y niñas vivían en situación de pobreza y exclusión social antes de la crisis sanitaria. Por ello, las organizaciones de infancia proponen fortalecer la prestación por hijo a cargo a los perceptores, valorando incrementar la cobertura a medio plazo y asignar una bonificación a las familias que perciben la Renta Mínima de Inserción pero no esta prestación.
Por otra parte, las organizaciones señalan que la principal medida diseñada por el Gobierno para apoyar a estas familias, las ayudas para alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, son «insuficientes», y proponen reformar el Real Decreto-Ley, para garantizar que las ayudas excepcionales de alimentación llegan a todos los niños que las necesiten en todas las Comunidades Autónomas, otorgándolas por renta familiar y no solo por ser beneficiario de beca.
Ante el cierre de los colegios, proponen extender el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales a hogares con único referente adulto o familias numerosas hasta que cese el confinamiento y los niños y niñas puedan volver a los colegios, permitiendo que las familias con un único referente adulto puedan acogerse a él incluso en el caso de que trabajen en servicios esenciales o sea posible el teletrabajo.
ACCESO A INTERNET
Asimismo, las organizaciones de infancia advierten de que los hogares con ingresos inferiores a 900 euros tienen más dificultades para disponer de ordenador o conexión a internet, y de que 500.000 niños viven en casas sin ordenador en este umbral y cerca de 100.000 hogares con niños no disponen de Internet. Por ello, reclaman que se garantice el acceso a Internet a todos los alumnos así como que se abaraten los costes que esto genera para las familias vulnerables.
«Además, es necesario flexibilizar los parámetros de superación de curso, reduciendo el currículo y dando autonomía a los centros para flexibilizar la evaluación, y tener en cuenta las necesidades específicas de los niños y niñas de familias vulnerables, de los niños y niñas con discapacidad, con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, así como la franja de edad de 0-3 años», ha añadido Ibarra.
También proponen medidas para reducir el impacto en la salud de las medidas de confinamiento como buscar alternativas habitacionales temporales para aquellas familias en condiciones de hacinamiento o infravivienda así como «estudiar la posibilidad de habilitar espacios exteriores por turnos y supervisados para que, en cuanto sea posible relajar las medidas de confinamiento y sin poner en riesgo a nadie, se permita a los niños y niñas salir a la calle, jugar y realizar una mínima actividad física, sobre a niños y niñas que viven en condiciones poco adecuadas.
MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS
Asimismo, piden que desde los centros y pisos tutelados se paralicen las solicitudes a la Fiscalía de inicio de expediente de determinación de la edad de niños migrantes no acompañados así como cualquier trámite que se desarrolle en aquellos expedientes ya iniciados, incluyendo las expulsiones del sistema de protección de los niños y niñas que sean decretados mayores de edad durante este período de emergencia.
Las 100 propuestas de la Plataforma de Infancia y sus 67 organizaciones miembro incluyen también medidas para luchar contra el riesgo de un aumento de la violencia hacia los niños y niñas en los hogares, medidas específicas para los niños y niñas dentro del sistema de protección, medidas para dar respuesta a la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados y medidas para informar a los niños y niñas a través de acciones comunicativas específicas, en formatos accesibles y lenguaje adaptado.
