La declaración de un último testigo, pendiente de la obtención de un visado para poder salir de Malí, es el último paso antes de que el encargado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tome una decisión sobre la querella del activista saharaui Fadel Breica contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por supuestas violaciones de Derechos Humanos.
Se trata de un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que habría presenciado las presuntas torturas que el activista saharaui habría sufrido a manos del Frente Polisario. Fuentes jurídicas han señalado que su declaración precederá a la decisión que tome el juez sobre la querella formulada por Breica.
Este testigo –propuesto por la defensa de Breica– había sido citado inicialmente por el magistrado para el 29 de junio y posteriormente para el 27 de julio, pero todavía no ha podido acudir a sede judicial por problemas con la obtención del visado para entrar en España desde Mali.
En la querella, el activista acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf. Según cuenta, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.
En su declaración ante Pedraz el pasado mes de junio, Breica insistió en que fue torturado durante seis meses en una cárcel secreta del Frente Polisario, apuntando a Ghali como su máximo responsable. Además, denunció que no sería la única víctima, sosteniendo que la tortura sería una práctica habitual del Frente Polisario entre los refugiados saharauis, al tiempo que ha reprochado a Argelia que permita esto en su territorio.
LA QUERELLA DE ASADEDH, ARCHIVADA
La querella de Breica contra Ghali en la Audiencia Nacional no es la única. Existe una segunda que fue archivada por Pedraz y que firmó la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.
El archivo fue recurrido a finales de julio por ASADEDH, insistiendo en que Ghali es culpable de un delito de genocidio «imprescriptible» por cuanto habría participado en torturas a los detenidos en las cárceles de Tinduf entre los años 70 y 90 que se enmarcarían en un plan de «destrucción física» de esta población.
La asociación presentó un recurso de apelación contra el auto donde Pedraz archivaba la querella para Ghali al considerar, por un lado, que los hechos habrían prescrito porque se aplicaría el Código Penal de 1973 que fija en 20 años la responsabilidad criminal y, por otro, que aunque se pudieran investigar hay una «manifiesta insuficiencia» de indicios que apunten a que Ghali participó en las presuntas torturas.
En su interrogatorio ante Pedraz el pasado 1 de junio, Ghali negó cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos de las que le culpan. Su defensa argumentaba que, como ministro de Defensa de la RASD, estuvo dedicado «en exclusiva» a la guerra contra Marruecos, por lo que «era ajeno a cualquier centro de detención», donde habrían ocurrido las torturas.
Además, la defensa de Ghali denunció que la finalidad de estas querellas es «política», reprochando a las acusaciones que «están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia, (…) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática», mediante un ataque «feroz» a su líder.
Ese mismo día, el magistrado de la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes –prisión provisional y retirada de pasaporte– al entender que no había indicios de que Ghali hubiera cometido delito alguno. Esa madrugada partió hacia Argelia.
GHALI EN ESPAÑA
Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reanudaron cuando se supo que Ghali se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.
Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.
Por otro lado, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Ghali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.
