La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha denunciado que la erosión competencial al autogobierno vasco es «moneda corriente» por parte del Estado y así se recoge en el libro que ha presentado en Bilbao y ha indicado también que un nuevo Estatuto podría establecer «nuevas garantías» para las competencias vascas.
Garamendi ha realizado esta manifestaciones una rueda de prensa en Bilbao, en la que ha presentado el libro «La erosión silenciosa», que reúne informes jurídicos elaborados por personal y letrados del servicio jurídico central del Gobierno vasco sobre el «vaciado de las facultades exclusivas de Euskadi mediante diferentes vías de ingeniería jurídica por parte de los poderes del Estado».
En su comparecencia, en la que también ha participado la directora de autogobierno, Begoña Pérez Eulate, Garamendi ha indicado que «tan importante como completar el proceso transferencial es el propio ejercicio y, en su caso, la defensa judicial del autogobierno reconocido, que con frecuencia «sufre las consecuencias del impulso recentralizador del Gobierno español de turno».
«MONEDA CORRIENTE»
En este sentido, ha denunciado que «la progresiva intromisión y, en ocasiones, laminación» de las capacidades de las administraciones vascas a través de ingeniería jurídica de diferente índole es monedacorriente por parte del Estado».
Garamendia ha indicado que la historia del autogobierno vasco está «jalonada de conflictos» de interpretación con el Estado, recursos judiciales y leyes que «han limitado la letra estatutaria y en definitiva la actuación de Euskadi en cuestiones del día a día como la educación, la sanidad o el empleo, entre otras».
En este sentido, ha manifestado que los informes jurídicos presentados este viernes analizan la legalidad constitucional, las iniciativas normativas del Estado y las resoluciones del TC durante las últimas décadas y, en definitiva, se analiza «si se respetan las competencias y capacidades recogidas en la Ley orgánica del Estatuto de Gernika».
Garamendi ha manifestado que se puede concluir que la letra del Estatuto de Gernika ha resultado «devaluada por una exasperante concepción e interpretación, marcada por una fuerte y continuada pulsión recentralizadora y opuesta al reconocimiento de la diversidad».
NUEVO ESTATUTO
La consejera, que ha manifestado que no conoce ninguna injerencia de Euskadi en competencias exclusivas del Estado, cree que un nuevo Estatuto «obviamente podría establecer nuevas garantías, nuevas materias» e incluso «reavivar el pacto».
Garamendi ha recordado que este estudio comenzó a elaborarse la pasada legislatura y es un minucioso trabajo con «mucho contenido, «lo que, en sí mismo, da una idea del volumen de la injerencia estatal en las capacidades» vascas.
La consejera ha indicado esa «limitación» de las capacidades realizada desde las instancias del Estado se «hace de forma imperceptible, pasando desapercibida, de forma «silenciosa, y blanca porque está revestida de la legalidad que proclama la jurisprudencia del Tribunal Constitucional».
Garamendi ha añadido que, al mismo tiempo, es «perjudicial para el mantenimiento del espíritu del pacto estatutario vasco». Ha explicado que esa erosión competencial se ha producido «con mayor intensidad» a través de «técnicas jurídicas y políticas diversas» que se han concretado durante años.
Según ha detallado, una práctica muy extendida en las leyes básicas estatales consiste en la invocación y aplicación de títulos competenciales transversales del Estado para legislar sobre materias decompetencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
Ha recordado que títulos como el art. 149.1.1 y el 149.1.13 de la Constitución garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y establecen las bases y la coordinación de laplanificación general de la actividad económica.
En este sentido, ha denunciado que son «numerosos» los ejemplos de «uso y abuso», con «erosión» de competencias autonómicas y que han servido «para justificar el dictado por el Estado» de normativa en cuestiones sobre asistencia social, comercio, agricultura, ganadería o función pública que, en el marco estatutario, estaban reservadas a lasComunidades.
Garamendi ha puesto algunos ejemplos de esa «centralización», como, por ejemplo, en materia de asistencia social, donde Euskadi cuenta con competencias exclusivas, y, en concreto, con la regulación dela tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidadsobre las que el Gobierno Vasco aprobó un decreto conforme asu competencia exclusiva.
También ha apuntado que otra herramienta de la «concepción expansiva del concepto de bases», y que es utilizada frecuentemente por el Estado para erosionar competencias autonómicas, es recurrir a razonesexcepcionales para la atribución de funciones ejecutivas noreservadas constitucionalmente al Estado.
La consejera ha indicado que, para el Tribunal Constitucional, la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica permitiría atribuir al Estado no solo la normación, sino todas las actividades ejecutivas, siempre que afecten a intereses de varias Comunidades Autónomas o se trate de preservar la normativa de una institución considerada básica. Sin embargo, ha denunciado que el TC «ha ido mucho más allá ampliándolo aotros sectores».
También ha citado como otra técnica de esta «inflexión centralizadora» la utilización del poder de gasto estatal para influir en políticas públicas de competencia autonómica y ha indicado que se acude a esta técnica de forma sistemática en materia de asistencia social o en materia local.
Garamendi, que ha indicado que es «muy difícil» cuantificar esa erosión competencial, cree que el sistema debe evolucionar «en unos términos que no permiten resolver los litigios territoriales con arreglo a las pautas propias de la jurisdicción, que son las de la fundamentación jurídica, debiendo optarse por una configuración política, donde lo decisivo sea la negociación, la transacción y, en lo posible, el acuerdo».
La consejera ha indicado que «corren tiempos» en los que pudiera parecer que hablar de autogobierno supone «cierto anacronismo o desapego a los problemas y necesidades que acucian a la sociedad vasca». «Nadamás lejos de la realidad: autogobierno es sinónimo de bienestar,de gestión cercana y pegada a la realidad más próxima, comodecía anteriormente», ha añadido.
Garamendi también ha denunciado que «no hay nada que justifique que casi 42 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika siga sin cumplirse en su integridad y ha asegurado que es una «deuda histórica que el Gobierno español tiene con Euskadi y su autogobierno».
Por último, ha indicado que esta publicación viene a arrojar un «halo de luz» sobre la erosión competencial que «ha sufrido y sufre el autogobierno vasco, «una erosión silenciosa, continua y, sobre todo, muy perjudicial para los intereses de las instituciones y el conjunto de la sociedad vasca».
LIBRO
El libro ha sido editado por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y ha sido elaborado por expertos jurídicos como José Andrés Blasco, Luken Larburu, Javier Moreno, Zelai Nikolas y Luis María Rousse, además de la propia Begoña Pérez de Eulate, que también ha sido la coordinadora del estudio.
Los informes de erosión inciden en políticas públicas como Asistencia y servicios sociales, Sanidad, Educación, Régimen Local, Medio Ambiente, Función Pública, Empleo, Vivienda, Ordenación del territorio, Agricultura, Comercio, Acción Exterior y Derecho foral privado. El libro, editado en castellano y en euskera (bajo el título ‘Higadura isila’), alcanza casi las 700 páginas.
