El ex presidente de BBVA Francisco González ha acusado a la Fiscalía de impulsar una «investigación prospectiva» por lanzar acusaciones «genéricas» para justificar la imputación por el presunto delito de administración desleal, insistiendo en que, en todo caso, las gestiones que encargó a su ex jefe de Gabinete Joaquín Gortari para obtener información de una finca no fue para «fines privados» sino para salvaguardar el «buen nombre» del banco.
El escrito presentado por el antiguo directivo, gira en torno a la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de imputar a González un delito de administración desleal –ya estaba investigado por cohecho y revelación de secretos– por emplear recursos de BBVA «para su uso exclusivamente personal». En concreto, «para valorar la adquisición de una finca a título privado».
El juez accedió así a lo planteado por la Fiscalía Anticorrupción, si bien esta imputación por un nuevo delito en el marco de la macrocausa ‘Tándem’ –donde se investigan los negocios oscuros del comisario José Manuel Villarejo– fue contestada por González en un recurso de reforma donde solicitó a García-Castellón que revocara su decisión, esgrimiendo que las «averiguaciones» que pudiera encargar a Gortari estaban destinadas a preservar el «buen nombre» de BBVA.
Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro pidieron al juez que mantuviera la imputación de González por administración desleal, llamando la atención sobre la supuesta «falta de consistencia» por parte del ex presidente del BBVA al señalar ahora como prescritos hechos que antes decía desconocer. En un nuevo movimiento procesal, González ha contestado al Ministerio Público para insistir en que esta línea de investigación es estéril.
«El Ministerio Fiscal pretende una suerte de investigación prospectiva y general sobre mi mandante fundamentada en unos hechos completamente genéricos, inconcretos y preocupantemente cambiantes según conveniencia procesal», ha advertido la defensa de González al magistrado, en un último escrito fechado el pasado 6 de septiembre.
El ex presidente de BBVA afea a los fiscales que fundan el delito de administración desleal en «dos abstracciones genéricas»: la presunta utilización de un recurso de la entidad financiera para valorar la adquisición de una finca a título privado sin concretar a qué recurso y a qué finca se refiere y sin precisar «qué perjuicio económicamente evaluable se habría producido al banco».
«A VER QUÉ ME ENCUENTRO»
Para González, «es evidente que la falta de concreción de los hechos cercena el correcto ejercicio del derecho constitucional de defensa», así como la prohibición de lanzar «causas generales».
Frente a ello, recuerda que «España es un Estado social y democrático de Derecho serio, en el que a las personas se les investiga por hechos concretos, no genéricos o futuribles, debiéndose informar a dichas personas de tales hechos para que puedan defenderse». «En otras palabras, en nuestro Estado de Derecho no está permitido investigar con el objetivo, permítasenos la expresión, de ‘¿a ver que me encuentro?'», remacha.
Además, la defensa aclara que el hecho de que en su recurso de reforma mencionara operaciones que podrían estar en la mira de Fiscalía no implica un reconocimiento de ningún tipo, explicando que, ante dicha falta de concreción en la acusación vertida, en «un ejercicio de adivinación» supuso que se refería a una finca de El Escorial.
Asimismo, considera «preocupante» que el Ministerio Público comente que los hechos relativos a esta finca serían solo algunas de las operaciones que conducirían a la administración desleal. «¿Qué operaciones son esas?, ¿cuándo se nos va a informar sobre ello? (…), ¿cuándo nos podremos defender entonces?», insiste.
LAS GESTIONES DE GORTARI
Reitera igualmente que las gestiones que González pidió realizar a Gortari relacionadas con una finca en la que estaba interesado «se justifican en la salvaguarda del buen nombre de la entidad, para corroborar que no había riesgos reputacionales» para BBVA.
A este respecto, en su recurso planteó qué pasaría en el «hipotético y ficticio» escenario de que el anterior propietario de la finca estuviera relacionado con algún delito o que la hubiera comprado con dinero blanqueado. Si hubiera sido así, contestaba, habría trascendido la «esfera privada» de González para impactar «directamente» en BBVA «causando un enorme daño reputacional» al banco.
Añade ahora que, «aunque fuese cierto que se hiciese para fines privados –que no lo es–, no sería administración desleal, pues ningún perjuicio para la entidad podría manifestarse por ‘quitarle’ un momento de su tiempo a un empleado», dado que «la cuestión no reviste la gravedad que justifique la intervención del derecho penal».
«Con todo el respeto debido», incide, «pensamos que las explicaciones dadas tanto por el señor Gortari como por el señor González (…) son del todo razonables para cualquier persona que conozca cómo funciona un gabinete de presidencia dentro de una entidad financiera».
SIN RASTRO DE LOS CORREOS
Por otro lado, García-Castellón, en una providencia del pasado 1 de septiembre, ha solicitado al ex director de Riesgos de BBVA Antonio Béjar que concrete las direcciones de correo electrónico de las personas con las que dice que se intercambió ‘mails’ que arrojarán luz sobre el rol que jugó en la contratación de los servicios de CENYT, la cabeza del grupo empresarial de Villarejo.
El instructor también pide a la Unidad de Asuntos Internos que facilite las direcciones de correo electrónico de Villarejo, su socio Rafael Redondo y otras personas asociadas a CENYT que guarden relación con esta pieza 9 de ‘Tándem’, donde se indaga en los trabajos que BBVA encargó a las empresas del comisario para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos servicios, el banco habría pagado al ahora policía jubilado más de 10 millones de euros.
El ex director de Riesgos –también imputado– pidió al magistrado que reclamara estos ‘mails’ por entender que blindan su defensa. De acuerdo con un oficio de Asuntos Internos, BBVA entregó al juzgado un ‘pendrive’ con los correos de Béjar con las personas indicadas.
Sin embargo, el banco manifestó, según refleja dicho oficio, que no se han localizado ‘mails’ con Villarejo, entre otros, y que desconoce las direcciones de correo electrónico de las otras personas señaladas por Béjar, por lo que ha pedido que se le faciliten para poder buscarlos.
