Una docena de organizaciones de infancia han expresado este miércoles su «profunda preocupación» tras las declaraciones de la delegada de Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, Salvadora Mateos, en la que asegura que se da un plazo de seis meses para tramitar las devoluciones de los menores desde Ceuta.
En concreto, han mostrado su preocupación sobre la legitimidad de la delegada de Gobierno para resolver sobre los posibles procedimientos futuros, así como sobre su predisposición para llevarlos a cabo con todas las garantías.
Y es que, según estas entidades, conforme a la legislación de extranjería, Mateos sería la competente para iniciar los procedimientos de repatriación de los niños y niñas que llegaron en mayo a Ceuta.
Del mismo modo, señalan que las iniciativas de la delegada, así como sus reiteradas declaraciones sobre las repatriaciones, han causado ya «la huida de los centros de protección de centenares» de menores frente a «la amenaza de ser devueltos colectiva e irregularmente al país de origen».
A través de un texto, ONG como Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Coordinadora de Obras Socioeducativas La Salle, Fundación Save the Children, Fundación Raíces, Fundación Educo, Gentium, La Salle, Maakum, No name Kitchen, Plataforma de Infancia, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, recuerdan que cualquier proceso de devolución debe realizarse con todas las garantías para los menores.
DECLARACIONES QUE OBVIAN EL AUTO JUDICIAL
Para ello, apuntan, se debe solicitar información individualizada al Área de Menores y a la Fiscalía sobre la situación de cada niño, así como a las autoridades de origen sobre la situación de su familia para poder incoar el procedimiento de repatriación y asegurar la audiencia del niño y su asistencia jurídica.
A su juicio, las declaraciones de la delegada de Gobierno «obvian el auto judicial por el que el pasado 16 de agosto el juzgado de instrucción de Ceuta mantenía la suspensión de las repatriaciones por considerar que había indicios de vulneración de derechos y disponiendo expresamente que no se había observado la legislación aplicable».
«Además, sus afirmaciones publicas ponen de manifiesto la determinación de iniciar estos procedimientos con una decisión colectiva pre adoptada», han denunciado, en referencia a sus palabras sobre que «estos niños deben estar con sus familias o asistidos por una entidad que los tutele, igual que en Ceuta, pero en su país».
Por todo estos, las ONG firmantes de este documento cuestionan la capacidad de la delegada de Gobierno para liderar y resolver los expedientes de repatriación «con objetividad» y «garantizando» una «adecuada evaluación y determinación del interés superior de cada niño, así como su predisposición para desarrollar el procedimiento con todas las garantías».
