domingo, 15 diciembre 2024

Echenique ve lógico culminar la regulación del alquiler y la mejora del IMV

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha manifestado que lo lógico es «poner negro sobre blanco» el despliegue de la regulación del precio de la alquiler y la mejora del Ingreso Mínimo Vital para abordar en buenas condiciones la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el PSOE, pues ambas cuestiones ya fueron consensuadas en el pacto de las vigentes cuentas públicas.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha confirmado que recientemente han arrancado las negociaciones con su socio de coalición para confeccionar el borrador de los Presupuestos para 2022, si bien se trata de los primeros contactos y es demasiado pronto para valorarlos.

Tras indicar que la discreción sobre los puntos intermedios de esta negociación es la «receta para que salga bien», el parlamentario de la formación morada sí ha destacado que hay algunos elementos que se pactaron el año pasado y que aún resta por desplegarse.

Concretamente ha citado la nueva Ley de Vivienda que incluya la regulación de los precios del alquiler y el despliegue de mejoras en la gestión del IMV.

«La ciudadanía no entendería que, habiendo anunciado PSOE y Unidas Podemos que íbamos a regular el alquiler y mejorar el IMV, esos acuerdos alcanzados no estuvieran negro sobre blanco antes de negociar estos PGE», ha proclamdo Echenique.

También ha reiterado que la puesta en marcha de una reforma fiscal (con un tipo fijo del 15% para grandes empresas en el impuesto de Sociedades) y las medidas inmediatas para bajar el precio de la electricidad, son condiciones para encarar los contactos con el PSOE para la nuevas cuentas públicas.

PRIORIDADES PARA EL NUEVO CURSO POLÍTICO

Además, de cara al nuevo periodo de sesiones, Echenique ha subrayado que aspiran a completar la derogación de la reforma laboral del PP, avanzar en las ley LGTBi-Trans, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ‘Ley Mordaza’) y completar la tramitación de la proposición de ley que despenaliza los delitos de opinión, entre otros asuntos.