La Fiscalía General del Estado (FGE) reclama «legitimación procesal» para recurrir las resoluciones administrativas vinculadas a los acercamientos de presos de ETA y a las concesiones de grados penitenciarios, para lo que sugiere una reforma del Reglamento vigente.
Así lo expone el Ministerio Público en el apartado de «vigilancia penitenciaria» de la Memoria 2020, que fue presentada este lunes por la fiscal general Dolores Delgado en el marco del acto de apertura del año judicial.
«Faltando, pues, un precepto estatutario que otorgue al Ministerio Público legitimación procesal general en la materia, debemos tornar la mirada a la legislación específica -penitenciaria- para solventar esta carencia», señala.
La Fiscalía plantea una «reforma del Reglamento Penitenciario» –en su artículo 107 y concordantes– «a fin de otorgar expresamente al fiscal la posibilidad de recurrir todos los grados penitenciarios, como refuerzo del control de la legalidad de la actuación administrativa en materia penitenciaria».
El departamento considera que, aunque es «ajena a la actividad de la fiscalía y a sus propias competencias», «merece la pena poner de relieve» la «relevancia» que tuvo durante 2020 traslado y progresión a segundo grado de los presos de ETA.
Asegura que las «recientes progresiones» acordadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «han puesto sobre la mesa la cuestión de la legitimación del Ministerio Fiscal para recurrir la decisión de progresión a segundo grado acordada por la institución penitenciaria».
En este sentido, recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «no confiere una legitimación general» a la Fiscalía para «recurrir todas y cada una de las resoluciones administrativas que se produzcan en el ámbito penitenciario». Señala, además, que «la materia es igualmente ajena» en término de traslado de internos a cárceles distintas a aquellas en las que cumplen condena.
INDEPENDENTISMO RADICAL VASCO
En el marco de la Memoria, comprendida por 1.880 folios, la Fiscalía sostiene que, «desaparecida ETA», los distintos colectivos, plataformas y grupos que conforman el «entramado del independentismo radical vasco» son los que constituyen el «principal vector de amenaza» en el apartado de terrorismo nacional.
El Ministerio Público subraya que dicho «entramado» tiene «menos capacidad lesiva» y destaca además su «ámbito de actuación reducido», que estaría circunscrito a la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra.
Delimita la actividad de estos colectivos a «sabotajes contra infraestructuras ferroviarias, sedes de partidos políticos y oficinas bancarias; convocatorias de manifestaciones y concentraciones con alteraciones del orden público y realización de pintadas con la reivindicación de libertad para los presos de ETA».
Asegura, sin embargo, que se percibe «moderación del discurso y asunción de la legalidad vigente en el ámbito penitenciario».
