La representación legal del empresario Javier López Madrid ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que abrió diligencias de investigación sobre la doctora Elisa Pinto en marzo 2014 por hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos de un delito contra la integridad moral y un delito continuado de amenazas contra la persona del empresario, que cierre ya la investigación y que a la luz de la prueba practicada envíe la causa a juicio oral.
La petición llega tras siete años de diligencias y después de que en julio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón propusiera juzgar tanto a López Madrid, como al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, por presuntos delitos de cohecho por el hostigamiento al que habrían sometido a la doctora en 2013. Este procedimiento es paralelo al que se sigue en los juzgados madrileños.
Ahora, el empresario, en un extenso escrito adelantado por Vozpopuli, incide en la «inequívoca gravedad» de los hechos que denunció en marzo de 2014 y que se habrían producido tanto sobre su persona como sobre su entorno familiar y personal.
A su juicio, en la causa existe ya «un extensísimo acervo probatorio de contenido marcadamente incriminatorio» que impone la conclusión de la fase de investigación, ya que, asegura, en pocas ocasiones se encuentran «un cúmulo de pruebas incriminatorias tan extenso y abrumador».
Los hechos que recuerda en su escrito, y que fueron objeto de denuncia, datan de 2013 cuando tanto él como su entorno familiar y personal recibieron de forma ininterrumpida desde octubre y hasta noviembre de 2014 cientos de llamadas en sus números personales en las que una voz distorsionada realizaba graves afirmaciones sobre la vida sexual e íntima de López Madrid. También denunció haber recibido mensajes amenazantes y cartas anónimas.
POSICIONAMIENTO DE LOS TELÉFONOS
«La investigada provocó una situación de terror extremo en la familia de mi representado y en todo su círculo próximo de amistades», señala, para luego apuntar que entre las diligencias practicadas se encuentra la declaración testifical en el juzgado de todas las personas que recibieron esas llamadas amenazantes, además de la prueba pericial consistente en la recogida de la información en poder de la compañía telefónica y la pericia realizada por la policía sobre el tráfico de llamadas. Suma a esto que también se ha acreditado que su mandante recibió mensajes amenazantes.
Sostiene que de la investigación policial, y en informe de junio de 2014, se ha podido concluir que «las llamadas y mensajes amenazantes se efectuaron desde teléfonos que se posicionaban en Avenida de Pio XII y calles adyacentes, la calle Juan Bravo y proximidades y Paseo de la Castellana, zonas todas ellas que se encontraban relacionadas con el lugar de trabajo y el domicilio de Pinto». Suman a este las conclusiones de otras pericias de la Guardia Civil poniendo de relieve que los números desde los que se realizaban las amenazas se encontraban próximos al terminal de la doctora.
Asimismo, la representación de López Madrid indica que de esos informes se deduce que era la doctora «quien se auto-mandaba toda suerte de mensajes con la sola finalidad de imputárselos e incriminar a Javier López Madrid», algo que, añade «es muy grave en la medida en que explica el plan delictivo que la investigada trazó para lograr hundir» al empresario.
Además, menciona otros informes caligráficos realizados por peritos policiales que, según explican, tras cotejar las cartas anónimas recibidas con otra carta que dijo haber recibido la doctora y con la letra propia del hijo de Pinto, se llega a la conclusión de que habría sido el menor el que redactó todas ellas.
LA AGRESIÓN A PINTO
Por otro lado, basándose en informes policiales de 2015 pone en duda que la doctora hubiera sido realmente agredida en dos ocasiones con objetos punzantes (Villarejo citó ese episodio bromeando en una de las grabaciones que constan en el sumario ‘Tándem’). También rebate que fuera víctima de seguimientos, tal y como ella denunció.
Tras esto, la representación del empresario indica que en julio de este año la defensa de Pinto ha solicitado de nuevo el sobreseimiento de la causa alegando que el procedimiento encubriría un «montaje» policial, tratando de desprestigiar la actuación del juzgado y de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado.
«En su tesis, este montaje respondería al encargo previo del señor López Madrid al señor Villarejo, y el monumental enredo y manipulación del procedimiento por parte de funcionarios del cuerpo policial, lo que quedaría acreditado (…) a través de las agendas del señor Villarejo», indica el empresario parafraseando extractos de esa petición de sobreseimiento.
EL INSPECTOR CARBA
Fuentes jurídicas, indican que esa solicitud de archivo se produjo a la luz de las pruebas halladas en las agendas y cuadernos incautados al comisario Villarejo en el marco de la causa ‘Tándem’ en la Audiencia Nacional.
De hecho, en el auto por el que el juez García-Castellón enviaba al banquillo a López Madrid y a Villarejo, indicaba que el empresario tuvo una estrecha relación con el inspector de policía Alberto Carba, instructor de la denuncia de María Elisa Pinto. Según consta en la resolución, entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre de 2015 Carba envió varios correos electrónicos a López Madrid comunicándole el estado de la instrucción y recibiendo instrucciones.
El juez de la Audiencia Nacional hacía mención además a una conversación fechada el 26 de enero de 2017, en la que Villarejo manifestaba que iba a reclamar a López Madrid una cantidad de dinero «como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado».
Los términos de la conversación, según auto, eran: «Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y ni me has llamado para decirme. Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios».
