La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este lunes que España es un Estado de Derecho donde «se cumplen las leyes», incluido el principio de presunción de inocencia, en respuesta al comunicado del abogado del Rey emérito en el que se acusaba a la Fiscalía de vulnerar dicho principio por sus «graves acusaciones» sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I.
«Lo que le puedo decir es que estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se cumplen las leyes, en un Estado de Derecho hay un pilar básico que es el principio de la presunción de inocencia», ha dicho Llop en declaraciones a la prensa, en el marco del acto solemne de la apertura del año judicial 2021/2022, en el que ha participado este lunes en el Tribunal Supremo.
Además, ha señalado que, «lógicamente, las investigaciones tendrán que ir por su cauce» con «todos los mecanismos que sean necesarios para llegar a unas conclusiones», al tiempo que ha expresado su «respeto» por las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía.
El abogado del Rey emérito denunció el pasado viernes vía comunicado que se ha vulnerado la presunción de inocencia de su cliente por las «graves afirmaciones» que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) habría vertido en una comisión rogatoria, que aseguró que carecen de «la más mínima justificación».
Se trata de una comisión rogatoria que, según informó ‘El Mundo’, el Ministerio Público cursó el pasado 24 de febrero a Suiza y donde apuntó que Don Juan Carlos habría cobrado comisiones internacionales de forma ilegal, lo cual –detalló– podría traducirse en delitos contra la hacienda pública, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.
La Fiscalía confirmó posteriormente que se ha solicitado información a varios países, incluido Suiza, y que de su respuesta dependerá que se puedan «confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación».
LAS INVESTIGACIONES SOBRE DON JUAN CARLOS
El Ministerio Fiscal tiene abiertas tres líneas de investigación en torno a Don Juan Carlos: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso de tarjetas opacas con cargo a cuentas en las que no figura como titular; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas ‘black’ vinculadas al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
En mayo, se supo que la Agencia Tributaria notificó a Juan Carlos I la apertura de una inspección para comprobar la veracidad de ambas regularizaciones. Fuentes de Zarzuela han confirmado que Casa Real ha facilitado a Hacienda la información relativa a los pagos realizados al Rey emérito desde su abdicación en junio de 2014 hasta la retirada de su asignación oficial en marzo de 2020.
