La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha pedido a la Comisión Europea que sea «muy clara» sobre «la peligrosa deriva del gobierno español y de su deseo confesado de interferencia sobre el poder judicial» tras las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
En una misiva, remitida este viernes al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, la eurodiputada de la formación ‘naranja’ le ha solicitado que detenga una posible reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante «las ansias de control de ciertos partidos políticos sobre el sistema judicial».
«Hoy me veo en la obligación de comunicarle que el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que «en un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado», ha señalado en su carta.
La eurodiputada ha insistido en que las declaraciones de Bolaños son de «especial gravedad» y ha asegurado que «esa intromisión partidaria en el gobierno de los jueces lleva décadas implantada, en contra del espíritu de nuestra Constitución y de las propias reglas de la Unión Europea».
«Confío nuevamente en que pueda detener una reforma que refleja las ansias de control de ciertos partidos políticos sobre el sistema judicial, sin tener en cuenta que la separación de poderes es nuestro mejor sistema defensivo, como democracia, frente a los abusos del poder político y sus arbitrariedades partidarias», ha indicado.
En el marco de su misiva, ha remarcado las conclusiones del informe anual sobre el Estado de Derecho que, a su juicio, es «un instrumento útil y necesario para exigir con la mayor claridad la necesidad de que el gobierno cumpla lo que la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y la propia Constitución española indican».
Pagazaurtundúa ya escribió el pasado abril al comisario, cuando 2.500 jueces se movilizaron contra la reforma que planteó el Ejecutivo para elegir el CGPJ, para pedirle que estuviera pendiente de los «problemas de renovación» del Poder Judicial español.
