El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho que su partido ve bien que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado este martes por el Consejo de Ministros incluya medidas de discriminación positiva hacia las mujeres que trabajan en este ámbito, pero rechaza el «adoctrinamiento» que, a su juicio, permite el Gobierno en las aulas.
«La discriminación positiva en favor de las mujeres es uno de los principios que establece nuestra Constitución», la cual «obliga al Gobierno a establecer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva», ha declarado Bal en rueda de prensa en la Cámara Baja.
Según ha indicado, en España aún «queda mucho por pelear en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres». Así que «todo lo que sea romper esa brecha, romper con el techo de cristal y favorecer la igualdad entre el hombre y la mujer, será algo que siempre apoyaremos», ha añadido.
En su anteproyecto de ley, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos incluye medidas como la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo o un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género.
También prevé una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo, impacto de género del presupuesto universitario e impulso de proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento del número de mujeres como investigadoras principales en las universidades.
APOYA LA «DIGNIFICACIÓN RETRIBUTIVA» DE LOS PROFESORES
Otra cuestión que el dirigente de Cs considera necesaria es la «dignificación retributiva de los profesores y catedráticos», pues cree que para mejorar la calidad de la enseñanza, tanto en la universidad como en la educación primaria y secundaria, hay que empezar por «elevar las retribuciones de sus profesionales».
La norma aprobada por el Consejo de Ministros, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, busca acabar con la «situación estructural de precariedad» laboral en las universidades, y con ese objetivo contiene medidas para reducir la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador y aumentar el porcentaje mínimo de funcionarios, entre otras.
Lo que Bal ha criticado es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «trata de nuevo de adoctrinar en las aulas». «No contentos con la ‘ley Celaá'», que hace que «el español deje de ser lengua vehicular» y que «atenta contra la educación concertada y la especial», el Gobierno de España «también quiere ahora adoctrinar en la universidad», ha afirmado.
El diputado de la formación naranja ha señalado que el ministro de Universidades, Manuel Castells, «no cree en el principio de neutralidad ideológica» que debe respetarse en las universidades españolas. Según ha apuntado, hay catedráticos de universidades catalanas que han sido insultados en las últimas semanas por reivindicar ese principio.
ASIGNATURA DE RELIGIÓN ISLÁMICA EN BALEARES
Por otro lado, sobre el programa piloto que el Gobierno de Baleares iniciará en este curso en tres colegios públicos de Mallorca para impartir la asignatura de religión islámica entre 150 alumnos cuyas familias lo han solicitado, Bal ha comentado que los padres tienen derecho a pedir que se ofrezca enseñanza religiosa a sus hijos.
Sin embargo, ha destacado que «el Estado tiene que controlar el contenido de esta asignatura». «No vamos a permitir de ninguna manera que, a través de los colegios públicos o concertados, se puedan aportar adoctrinamiento, sectarismo o radicalización», ha subrayado.
Respecto a Cataluña, donde la Generalitat ya aplicó el curso pasado un plan piloto similar al que empieza ahora en Baleares, Bal ha denunciado «la absoluta hipocresía de quienes plantean este tipo de posturas» y, mientras tanto, «incumplen las sentencias» judiciales que exigen que haya un mínimo de horas lectivas en castellano en los colegios catalanes.
