La directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, se hareunido este lunes con una veintena de representantes de colegios y asociaciones de profesionales de diversos campos sanitarios (medicina general, obstetricia, ginecología, enfermería, sexología, psicología), en el marco de las conversaciones y debates previos a la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Morillas ya anunció a finales del mes de junio el inicio de estos trabajos de reforma con el objetivo de «garantizar el ejercicio de los derechos vinculados» a esta práctica «en todo el territorio estatal».
Tal y como ha informado el Ministerio de Igualdad, en un comunicado, Morillas ha destacado en este encuentro que se trata de un proceso de escucha en la diversidad, que parte del «reconocimiento a las predecesoras en la defensa y conquista de derechos, así como a las profesionales sanitarias que han estado en un contexto difícil, y el debate y el dialogo se debe hacer desde ese reconocimiento».
Del mismo modo, explica que, en el encuentro, se ha identificado un amplio consenso en torno a la necesidad de abordar la salud sexual y reproductiva con un enfoque integral, de derechos humanos e integridad en todo el ciclo de la vida de las mujeres; así como la necesidad de una garantía de la equidad territorial.
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
También han constatado el apoyo para una educación afectivo sexual desde edades tempranas como pilar de la ley; el fortalecimiento de la formación y sensibilización de las y los profesionales en esta materia; además de garantizar el acceso a la anticoncepción.
Respecto a la objeción de conciencia y la violencia obstétrica, Morillas ha señalado que si bien suponen aspectos más abiertos en el debate y sobre los que seguir trabajando, el planteamiento del que se parte desde Igualdad es el de defensa de los derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y la garantía de la libertad de elección de las mujeres en el sistema sanitario público y el cumplimiento de la cartera de servicios.
Tal y como ha señalado la directora del Instituto de las Mujeres, la intención es «seguir debatiendo y construyendo propuestas, partiendo de un posicionamiento que garantice el enfoque de derechos humanos».
En la reunión también ha estado presente la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha expresado igualmente «el necesario reconocimiento a las profesionales y las organizaciones feministas» que les han precedido en estos debates, y ha indicado que «se trata de un asunto complejo, con diferentes procesos».
Es por eso que ha señalado que se tratará este debate «desde el máximo rigor y respeto a los distintos puntos de vista, con el objetivo fundamental de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres». Montero ha apuntado que «esta garantía de derechos pasa por preservar y asegurar la calidad y las garantías del trabajo de las profesionales de la salud, cuidando el sistema público».
Finalmente, la ministra ha emplazado a las entidades y profesionales participantes a continuar en el proceso coordinado desde el Instituto de las Mujeres y que seguirá desarrollándose a lo largo de los próximos meses. Por el momento, la próxima reunión se producirá el 1 de septiembre y tendrá como temática específica la violencia obstétrica.
