Las asociaciones de jueces echan en cara al Ejecutivo y a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que desde marzo de 2020 no se haya redactado y aprobado una ley especifíca de pandemias. Señalan que esa legislación ‘ad hoc’ habría evitado la situación de ambigüedad existente con decisiones de diferentes tribunales superiores de justicia contrarias a medidas impulsadas por las comunidades autónomas.
Tras la enésima decisión de la justicia, este lunes el TSJ de Cataluña acordaba mantener la decisión de aplicar el toque de queda solo en 19 municipios catalanes en contra de la petición de la Generalitat, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) indican que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está trasladando la responsabilidad de una decisión política al ámbito judicial.
Recuerdan que los magistrados que están entrando a validar o a vetar decisiones relativas a medidas de índole sanitarias para combatir la pandemia, como la obligatoriedad o no del conocido como ‘pasaporte covid’ para determinadas actividades, valoran y deciden no por conveniencia de la medida sino atendiendo a la legalidad de la misma.
Desde la AJFV explican que al final lo que se consigue es que una decisión que es política, que se basa en criterios sanitarios de «prevención y prudencia», recae en el poder judicial que actúa con otro criterio, que «no es incompatible pero que no es igual».
Indican así que la perspectiva de decisión de un político y la de un juez es diferente y esto genera un problema. Añaden que esta problemática ya se preveía desde hace un año y por eso desde el ámbito judicial se ha reclamado un marco normativo que aporte «precisión» a la toma de decisiones. «Las normas –sanitarias– ahora son ambiguas y permiten todo y nada al mismo tiempo», lamentan.
Y ese nuevo marco, explican, debe llegar a través de reformas legales impulsadas desde el Parlamento, por iniciativa propia o del Gobierno. Algo que podría reducir el margen de incertidumbre del 90 por ciento al 40 o incluso al cero por ciento.
UNIFORMAR DECISIONES EN TODO EL TERRITORIO
Este punto de vista es compartido también por el Foro Judicial Independiente (FJI) desde donde se acusa al Ejecutivo de no haber querido aprobar esa ‘ley de pandemias’ a pesar de que se espera que la situación actual no cambie a medio o largo plazo.
Creen que esa normativa para pandemias lograría «uniformar las decisiones» que se adoptan en todo el territorio, y lamentan que el Ejecutivo haya «declinado» de esa responsabilidad dejando las decisiones a expensas de los diferentes tribunales superiores de Justicia que han tenido que resolver porque han de velar por los derechos fundamentales.
Al hilo, recalcan desde el FJI que esa nueva normativa, que ha de ser una ley orgánica, es posible dado que han salido adelante numerosas modificaciones legales. «Para otras cosas sí que hay rapidez», indican, poniendo como ejemplo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula una vez expirado su mandato.
PORPORCIONALIDAD Y MOTIVACIÓN
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) señalan que, a pesar del decreto-ley por el que el Supremo tiene la última palabra sobre restricciones sanitarias que se adopten desde las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma, no se ha logrado acabar con la disparidad de criterios.
A su juicio, no se ha evitado porque la interpretación la realiza cada TSJ en función de la situación de cada CCAA, y todo depende en definitiva de la proporcionalidad de las medidas aprobadas y de que estén bien justificadas.
Ahonda en que el Supremo ya ha advertido de que las decisiones de los TSJ se han de adoptar revisando esa proporcionalidad y su justificación o motivación, y por ese motivo se produce la disparidad de criterios.
Al hilo, coinciden con el resto de asociaciones al puntualizar que no se ha legislado ex profeso para esta pandemia de Covid-19 y denuncian que desde el 14 de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma, hasta ahora se habría podido legislar. «Si la situación se prorroga, hay que plantearse una legislación ad hoc», han insistido.
