Con la decisión final del Consejo de Ministros para realizar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos quedan por delante varios obstáculos legales. El Gobierno no descarta ninguna acción legal para sustituir a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y evitar así el veto del prior a la exhumación, pero tiene que ganar el recurso de la familia ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno señaló en su momento, cuando acordó llevar adelante los últimos pasos de la exhumación, que para entrar en la basílica solicitaría la autorización a las autoridades eclesiásticas o también podría tomar medidas legales.
Aunque el Ejecutivo explicó a qué medidas se refería, el informe de 2011 de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, como publicó MONCLOA.COM, mostró una vía para conseguir salvar el obstáculo en que se ha convertido el prior del Valle. El Gobierno puede modificar el convenio con la abadía de Silos, que está aprobado mediante un decreto de 1958. También podría sustituir esta comunidad por otra, según este convenio, si no ha cumplido los fines establecidos.
El senador de Compromís, Carles Mulet, realizó una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno sobre esta posibilidad. Concretamente, el senador preguntó cuándo pensaba derogar el decreto por el que se establece la Fundación del Valle de los Caídos y si el hecho de tratarse de un decreto franquista no era “suficiente motivo” para hacerlo.
Una de las preguntas presentadas por Mulet interrogaba al Ejecutivo en estos términos: «¿Piensa el Gobierno pedir al Vaticano la sustitución de los benedictinos por otra orden religiosa menos facha?»
El senador también preguntó al Gobierno si había comunicado a la Santa Sede la necesidad de cambiar a la orden de los benedictinos de la gestión del Valle de los Caídos. Mulet considera que los religiosos estarían incumpliendo las obligaciones que les impone el convenio suscrito para la gestión de este lugar y que, tal como prevé el mismo documento, el Gobierno debería pedir al Vaticano su sustitución.
El Ejecutivo ha respondido al senador Mulet que actualmente “no existe ninguna previsión” sobre las actuaciones que señala en sus preguntas. No obstante, le recuerda que “El Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático emanado de las Cortes Generales” para dar cumplimiento al decreto que modificó la Ley de Memoria Histórica, que sirve para ordenar la exhumación de los restos de Franco.
Además de las posibilidades legales que tiene el Gobierno a través del decreto de 1957 que aprobó el convenio con la Abadía de Silos, podrían existir otras vías. El Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional y, según la ley que lo regula desde 1982, el Gobierno debería haber constituido una comisión que tendría que haber realizado una propuesta sobre qué hacer con el convenio y también sobre “el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la fundación”.
“El Gobierno se reserva todos los instrumentos legales a su disposición para dar cumplimiento al mandato democrático emanado de las Cortes Generales”
Desde la aprobación de esta ley de Patrimonio Nacional no se ha desarrollado esta previsión. Además, esta norma ya señalaba que el Gobierno debería adecuar el decreto franquista al régimen jurídico actual y también preveía que decidiera si renovaba o daba por enterrado el convenio con los benedictinos. Esta disposición también hace referencia a que el Ejecutivo debería resolver “el régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”, lo que también podría influir sobre el enterramiento de Franco.
La decisión del Consejo de Ministros es el último paso en un proceso que se inició con la aprobación de un decreto ley que modificó la Ley de Memoria Histórica. Tras ello, el Gobierno inició varios trámites. En primer lugar, pedir la licencia de obras al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, municipio en el que se encuentra el Valle de los Caídos.
El Ejecutivo también solicitó un informe sanitario de la Comunidad de Madrid, que ya fue entregado y que no pone problemas a la exhumación. Finalmente, solicitó al prior del Valle permiso para acceder a la Basílica. Como se trata de un lugar de culto, necesita el permiso de la autoridad eclesiástica.
LA FAMILIA NO AUTORIZA LA EXHUMACIÓN
El prior negó esta autorización porque la familia no ha autorizado la exhumación y porque la decisión aún no es firme, ya que faltaba un pronunciamiento final del Tribunal Supremo. Con la aprobación de este nuevo paso por el Consejo de Ministros, este puede dejar claro al prior que hay que cumplir la ley, un límite que, según han señalado en ámbitos eclesiásticos, el prior no rebasaría. Sin embargo, el religioso aún podría acogerse a esperar a lo que decida el Tribunal Supremo.
Este tribunal se pronunció ante un recurso de la familia de Francisco Franco, contraria a la exhumación, que pedía la suspensión cautelar hasta que no resolviera el recurso presentado. El Supremo no se pronunció sobre el fondo del asunto, ya que considera que todavía no se había ordenado la exhumación como tal, sino los procedimientos previos y, por lo tanto, no podía pronunciarse.
El Tribunal Supremo señaló, no obstante, que la decisión final del Gobierno, cuando se diera, no podría ejecutarse hasta que el tribunal no tomara una decisión al respecto. De esta manera, finalmente el Gobierno tiene pendiente este frente y el del prior de la abadía benedictina.
La decisión del Tribunal Supremo no está en manos del Gobierno, pero el Ejecutivo no descarta ninguna de las medidas legales que podría tomar para apartar de su camino al prior benedictino, el único gran obstáculo que se interpone, dejando aparte la decisión de la Justicia.
Por su parte, la Fundación Francisco Franco, que ha intentado sin éxito que el Gobierno admitiera su personación en el proceso, cree que la instructora del Ministerio de Justicia del expediente de exhumación debería darle traslado de la propuesta de resolución, antes de elevarla al Consejo de Ministros.
La Fundación Francisco Franco ha presentado numerosas alegaciones sobre el proceso de exhumación. Una de las últimas es un informe del exdirector general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, en el que señala que las normas urbanísticas de San Lorenzo de El Escorial obligan a que para cualquier tipo de obra en la basílica del Valle de los Caídos sea necesaria la elaboración de un plan especial, que no se ha realizado.
