ONG como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Caminando Fronteras y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se han mostrado contrarias a la repatriación de menores en Ceuta al considerar que viola los derechos de la infancia. La Policía Nacional ha activado a primera hora de la tarde de este viernes un operativo para repatriar a los cerca de 800 menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta desde mediados de mayo.
Así, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha instado al Defensor del Pueblo y del Menor a que proceda a actuar contra el Ministerio del Interior tras hacerse pública la operación para la deportación de los menores migrantes desde Ceuta a sus países de origen.
A través de un comunicado, la Red señala que esta actuación es contraria a las convenciones del menor y, por tanto, la deportación de estos niños «contraviene la normativa nacional e internacional de infancia».
La entidad también hace un llamamiento a la ministra competente en materia de infancia, la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, para que «no permita que el primer aniversario de la ley de infancia recién impulsada por su Gobierno se celebre expulsando a más de 800 niños cuyo país de origen ni siquiera está seguro que sea Marruecos».
Desde los servicios jurídicos de la Red se está procediendo, según ha indicado la organización, a realizar una recopilación de testimonios y datos para poder conocer y comprender la situación en que se encuentran los menores al tiempo que se hace un llamamiento a toda la clase política española y, en concreto, a las formaciones progresistas que apoyan al Gobierno, a los que urgen a «dar pasos para garantizar la paralización de forma inmediata de esta instrucción» que, a su juicio, es «a todas luces ilegal».
También desde la ONG Caminando Fronteras han denunciado la «violación de derechos de la infancia sin precedentes» que, a su juicio, se está cometiendo en España con esta decisión y piden al Gobierno que paralice esta operación de repatriación colectiva de menores. «Estas devoluciones colectivas van en contra de los DDHH y han sido prohibidas por la ONU», han recordado a través de su cuenta de Twitter.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también se ha mostrado crítica con el Ejecutivo y lamenta que estas repatriaciones se hayan puesto en marcha «a pesar del recordatorio de varias organizaciones» sobre la «ilegalidad» de esta práctica.
«DEBEN SER INTERRUMPIDOS DE INMEDIATO»
También ha mostrado su repulsa Unicef, Save The Children y Plataforma de Infancia a través de un comunicado conjunto en el que han señalado que, según las normas españolas, europeas e internacionales, un retorno solo se puede contemplar cuando «sea en el interés superior del niño», cuando «la reintegración segura de los niños en su país de origen esté garantizada», también si «el retorno es voluntario» y que «el menor sea escuchado a lo largo del proceso».
«Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responda a sus necesidades y su bienestar, antes de que se tome cualquier decisión sobre su futuro», han señalado.
Como «soluciones duraderas» han comentado «la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen». Así, han hecho hincapié en que los recientes retornos desde Ceuta «están incumpliendo con esta normatividad» y que, por tanto, deben ser «interrumpidos de inmediato».
Por su parte, Amnistía Internacional ha valorado en esta línea que las devoluciones se deben interrumpir mientras no se cumplan con las garantías de protección y ha pedido al Ministerio del Interior que se paralicen hasta que cada expediente haya sido revisado por la Fiscalía de Menores y se asegure que se ha actuado de conformidad al interés superior de los niños y niñas.
«Las autoridades españolas deben garantizar de manera efectiva y no meramente retórica los derechos de los cientos de menores no acompañados en Ceuta primando su interés superior. No tenemos constancia de que haya sido así en esta ocasión», ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. «En todos los casos, debe respetarse el derecho de los y las menores a ser informados en un idioma que conozcan y de manera comprensible, a contar con asistencia letrada, y a ser escuchados en los procedimientos que les afectan», ha concluido Beltrán.
POSTURA DE DERECHOS SOCIALES
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, ha advertido de que «cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños» migrantes, así como «el conocimiento pormenorizado por parte de la fiscalía del procedimiento».
El departamento que dirige Ione Belarra ha asegurado que lleva «meses» poniéndose «a disposición» del departamento de Fernando Grande-Marlaska para «trabajar un protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos» que «cumpla con la normativa nacional e internacional», sin haber recibido «ninguna respuesta al respecto» de parte de Interior.
