Vox ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, para que explique los «presuntos cobros ilegales» que su partido podría haber estado recibiendo de la Embajada de Ecuador en España.
La formación presidida por Santiago Abascal ha registrado una petición en la Cámara Baja para que Montero informe, en la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre «los supuestos contratos celebrados entre la Embajada ecuatoriana» y ella misma «al objeto de evitar los desahucios de ciudadanos ecuatorianos en España».
El portavoz de VOX en dicha Comisión, Víctor González Coello de Portugal, cree que tanto Montero como su compañero Rafa Mayoral, miembros de la dirección estatal de Podemos, deberían rendir cuentas «urgentemente» y «presentar su dimisión si no son capaces de explicar las gravísimas acusaciones» del nuevo embajador de Ecuador en Madrid, Pascual del Cioppo.
ACUSACIONES DEL NUEVO EMBAJADOR DE ECUADOR EN ESPAÑA
Del Cioppo, que accedió al puesto este mes de agosto tras ser designado por el Gobierno de Guillermo Lasso, aludió este jueves, en una entrevista en TC Televisión, a unos contratos por los cuales la Embajada pagaba servicios de asesoría destinados a ecuatorianos residentes en España que no podían pagar sus hipotecas y créditos.
El embajador indicó que al frente de la cooperativa Kinema está el diputado Rafa Mayoral y que en otra participa Irene Montero. «Llegaron (a cobrar) hasta 1,2 millones de euros por año, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 725.000 euros», aseguró, añadiendo que el actual presidente de Ecuador ordenó «de inmediato» la suspensión de esos contratos y que no se abonaran las cuotas de junio y julio.
Del Cioppo añadió que no sabe de qué defendían los asesores a los ciudadanos ecuatorianos, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto el año pasado para suspender temporalmente los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional.
En relación con estas afirmaciones, González ha señalado que el embajador «ha denunciado públicamente una fuente de financiación ilícita y probablemente ilegal de Podemos». «En Vox no pararemos hasta conocer con total transparencia» el destino del dinero público de los ecuatorianos, ha advertido el diputado, que cree que también los españoles tienen derecho a que «se depuren las responsabilidades políticas y judiciales» que correspondan.
Por otro lado, Vox ha registrado dos preguntas parlamentarias para saber si el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cree que esos contratos «comprometen su imparcialidad» a la hora de «defender los intereses nacionales» y si va a realizar alguna investigación «para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior» de España.
