El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, en respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denuncia injerencia por parte de España y se recurre a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.
Según ha anunciado Exteriores en un comunicado, la decisión se ha tomado ante «graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» que contenía el comunicado del Gobierno de Daniel Ortega.
Dicho comunicado fue la respuesta a otro de Exteriores criticando los arrestos de opositores en Nicaragua en las últimas semanas y advirtiendo de que con ello se impedía que las elecciones previstas para el 7 de noviembre, en las que Ortega opta a su reelección, ofrezcan «un resultado con garantías y credibilidad».
Por su parte, la Cancillería nicaragüense replicó denunciando «la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia» y remitiéndose al «terrorismo de Estado» de los GAL.
El departamento que dirige Albares ha insistido hoy en que Nicaragua «atraviesa una profunda crisis política, económica y social» que arrancó en abril de 2018 y que «se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión» del Gobierno nicaragüense «contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes.
Igualmente, ha reiterado que las decisiones del Gobierno para impedir que la oposición participe en los comicios –con el arresto de varios precandidatos opositores–, «junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados».
Así las cosas, el Gobierno ha expresado su rechazo «tajante» del contenido del comunicado de la Cancillería nicaragüense al tiempo que ha exigido a este país que «cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política».
DURAS CRÍTICAS DE MANAGUA
En un largo comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua recalcó este martes que el país «hace siglos dejó de ser colonia, o española o de cualquier otra potencia agresora, destructora, esclavista y saqueadora» y por tanto tiene derecho a seguir su camino y advirtiendo de que el Gobierno español no está en posición de «dar lecciones de democracia».
En este sentido, tras considerar una «intromisión inadmisible» en sus asuntos internos el último comunicado de Exteriores sobre la situación en Nicaragua, recuerda al Gobierno «la obligación que tiene de respetar, como nosotros les hemos respetado, y de asumir, sin demora, los caminos de respuesta a los justos reclamos de los habitantes de esa llamada península Ibérica».
Asimismo, dedica especial atención a los «graves temas pendientes» en España remontándose a la creación de los GAL por el «entonces presidente ‘socialista’ Felipe González», «que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados».
«Casi 40 acciones terroristas fueron realizadas por los GAL, asesinando e hiriendo impunemente a más de 60 personas, sin que los sucesivos Gobiernos de ese reino se ocuparan de responder a las víctimas», denuncia, incidiendo en que se trata de crímenes de odio y lesa humanidad que no prescriben. «Es decir, están pendientes de investigación y condena en esa, llamada por ellos mismos, ‘democracia perfecta'», subraya Managua.
ACUSA DE «DESFACHATEZ» AL GOBIERNO DE COALICIÓN
En este sentido, afea al Gobierno español su «desfachatez» para presentarse ante el mundo «impolutos, despercudidos, impecables, muy correctos, y exigentes con quienes consideran inferiores, imperfectos, incorrectos y, todavía bajo su ya (…) inexistente e imaginario imperio colonial».
Igualmente, menciona «la muerte no investigada» en las cárceles «de prisioneros políticos independentistas vascos que sin explicación alguna aparecieron sin vida, en celdas españolas», esgrimiendo que todo ello constituyen «crímenes de odio y lesa humanidad, que se califican como terrorismo de Estado».
«Al Estado español, ese que orondamente critica, acusa y exige lo que ellos mismos no dan, la Historia nunca les absolverá! La infamia no puede ocultarse con bravuconerías, disfrazándose de jueces, que ni son, ni pueden ser, ni nadie ha convocado, porque carecen de autoridad moral, o respeto, ante tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena», abunda el comunicado.
FASCISMO ENCUBIERTO DE SOCIALISMO
Managua se ampara en esta «hipocresía» para rechazar el comunicado del Ministerio español, pasando a retar a España a «asumir toda su responsabilidad verdadera en su feroz y brutal historia colonial y neocolonial, así como su fascismo encubierto como socialismo».
También desafía al Gobierno de Pedro Sánchez a que abra «las puertas, sin represión, o persecución, o violencia desmedida, a la libre decisión y votación sobre los estatus que cada país de ese, por hoy, Estado centralizado, demanda, reclama y exige».
«Les desafiamos a permitir la libre participación en votaciones y elecciones, sin amenazas, intimidaciones, o cárcel para los líderes independentistas, y sin persecución más allá de sus fronteras, a quienes sólo han exigido respeto a sus creencias, voluntades y derechos».
El comunicado de la Cancillería nicaragüense no es el primero que carga las tintas contra el Gobierno español. Ya a finales de junio pasado había arremetido contra la entonces titular de Exteriores, Arancha González Laya, por sus declaraciones sobre Nicaragua, acusándola de mostrar una «ignorancia atrevida» y una «ferocidad impropia para la diplomacia».
Dichas declaraciones se produjeron después de que la ministra saliera en defensa de la embajadora española en Managua a raíz de que Daniel Ortega la acusara de intromisiones en los asuntos del país. González Laya pidió entonces al mandatario que se dejara de «excusas» y liberara a los opositores detenidos.
