La Secretaría de Estado de Migraciones está trabajando en un cambio de modelo alternativo a la concesión de subvenciones a proyectos en favor de los inmigrantes para 2022, que consistirá en un marco de cooperación con las ONG del Tercer Sector.
«La idea es establecer un marco de cooperación con entidades del tercer sector que permita una vinculación plurianual, autonomía de gestión y mayor evaluación por parte del Ministerio, con requisitos más estrictos de información y transparencia, que permitan la explotación de datos para medir de manera efectiva el impacto de las políticas llevadas a cabo», subraya la Secretaría de Estado de Migraciones en sus alegaciones al informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
En dicho informe, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Secretaría de Estado de Migraciones, que reduzcan el «importante retraso» de años detectado en la comprobación de la justificación de las subvenciones concedidas a proyectos en favor de los migrantes.
Según señala el Tribunal en su informe de fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del programa 231h ‘Acciones en favor de los inmigrantes’, del ejercicio 2018, en 2020 se encontraban pendientes de revisión «más del 93%» de las ayudas concedidas en los últimos cinco años.
En las alegaciones al informe, la Secretaría de Estado de Migraciones alega «complejidad de los proyectos presentados, así como la coincidencia en el tiempo de varias subvenciones y la carencia de personal». En todo caso, señala que está trabajando en un cambio de modelo alternativo a la concesión de subvenciones que subsane las deficiencias.
Con este nuevo modelo, el Ministerio quiere corregir asimismo otras carencias detectadas por el Tribunal de Cuentas como que «los objetivos no abarcan la totalidad de las actividades identificadas en la memoria del programa, ni contienen ninguna referencia temporal en relación con la fecha en la que se prevé su consecución».
«Aspectos como la intervención urgente para situaciones de carácter excepcional, el retorno voluntario de inmigrantes o el apoyo a la atención de los MENA no están contenidos o suficientemente diferenciados en los objetivos establecidos», subraya el Tribunal de Cuentas.
Por ello, considera preciso el establecimiento de un sistema de objetivos e indicadores del programa presupuestario, y un sistema de control de calidad de los programas financiados, para comprobar si estos son eficaces y eficientes o, en su caso, si no lo son, poder sustituirlos por otros o eliminarlos.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también incluye entre las «deficiencias» la exigencia de distintas obligaciones a los beneficiarios para un mismo tipo de ayudas, en función de la fuente de financiación de los proyectos, siendo más exigente para aquellos cofinanciados con fondos europeos que para los financiados solo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
AUSENCIA DE VISITAS ‘IN SITU’
Otros «incumplimientos» que señala son: la inexistencia de una única aplicación informática que abarque todas las fases del procedimiento; la utilización de la invitación como procedimiento de inicio en la línea de Atención Humanitaria; la ausencia de criterios preestablecidos para seleccionar las entidades a invitar y la falta de documentación que justifique su selección, y la ausencia de visitas ‘in situ’ para el seguimiento de las actividades subvencionadas.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la Secretaría de Estado de Migraciones, modificar las bases reguladoras para incorporar aquellas exigencias de la normativa europea que no han sido recogidas en la normativa nacional.
Este informe de fiscalización, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, analiza la totalidad de las ayudas y subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 231H ‘Acciones en favor de los inmigrantes’, gestionadas por la Secretaría General de Inmigración y Emigración en el año 2018, que en ese año ascendieron a 390.379.000 euros.
Dicha Secretaría General fue suprimida por el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, asumiendo sus competencias la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En relación con el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal en su anterior informe sobre los fondos públicos aplicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para la integración de los inmigrantes, el Informe señala que, de las 11 recomendaciones formuladas, cinco han sido cumplidas de forma parcial, cuatro están incumplidas y las dos restantes ya no resultan aplicables.
