El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que atendiendo a la situación penitenciaria de los presos del 1-O condenados por el Tribunal Supremo «no está prevista la posibilidad» de que sean confinados en sus casas debido al estado de alarma por el coronavirus. Además, en relación al conjunto de reclusos, ha dicho que el Estado garantiza su seguridad dentro de los centros de la institución penitenciaria.
«La seguridad y la salud se pueden mantener en el conjunto de los centro penitenciarios», ha sostenido Grande-Marlaska. «Asumir que un penado deba cumplir el confinamiento en un lugar distinto, en su domicilio, sería tanto como reconocer, si no proceden términos de legalidad, que el Estado no garantiza la seguridad del conjunto de los ciudadanos, y parte de esos ciudadanos son los internos», ha defendido.
En una rueda de prensa desde Moncloa con el ministro Pedro Duque, el titular del Interior ha contestado a una pregunta sobre la decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas, que finalmente, y tras la advertencia del Tribunal Supremo, han decidido que los presos del 1-O sigan confinados en sus celdas.
«Atendiendo a cuál es su situación penitenciaria, no está prevista esa posibilidad, y eso es lo que ha referido el Tribunal Supremo», ha señalado Grande-Marlaska. Este martes la consejera de Justicia catalana, Ester Capella, señaló que se estudiaría esta posibilidad, descartada dos días después desde las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde cumplen condena los nueve líderes independentistas.
Grande-Marlaska ha aprovechado para volver a agradecer el trabajo que realizan los funcionarios de prisiones y también el «buen comportamiento» de los presos en el conjunto de los centros penitenciarios, a pesar de su «doble confinamiento». Interior ha prohibido las salidas y las comunicaciones, aunque potenciando las llamadas telefónicas.
Ante la pandemia de Covid-19, el Ministerio del Interior dictó una instrucción para que los presos clasificados en tercer grado, así como los de segundo grado y en algunos casos los que tienen flexibilización y están en CIS o secciones abiertas, pudieran pasar el confinamiento en sus casas para espaciar las prisiones y disminuir entradas y salidas ante el riesgo de contagio.
La Generalitat negó en un primer momento que la medida se pudiera aplicar a los internos en segundo grado –lo que incluía los presos del 1-O –, y sí aumentó el número de presos en tercer grado que pasan las siete noches de la semana en casa, en lugar de las dos habituales: antes de la pandemia eran 325 (el 19%) y ahora lo hacen 1.174 (el 69%) de los 1.700 presos en tercer grado.
El martes, la consejera anunció que las juntas de tratamiento estudiarían aplicar la medida también a los presos a los que se aplica el artículo 100.2, a lo que siguió el comunicado del Supremo avisando de posibles responsabilidades penales.
