La responsable del programa de donación y trasplantes del Consejo de Europa, Marta López-Fraga, ha avisado, con motivo del Día Mundial contra la trata de personas, de que «ningún país» está exento de la posibilidad de tráfico de órganos o trata de personas «ningún país» está exento de la posibilidad de tráfico de órganos.
López-Fraga se ha pronunciado así en una entrevista en ‘Médicos y Pacientes’, publicación informativa del Consejo de Médicos (CGCOM), donde aborda la situación actual de la trata de personas y el tráfico de órganos, tema central de la Sesión científica de la Asociación Médica Mundial (AMM) titulada ‘El Médico en la donación y el trasplante de órganos: implicaciones éticas’, que se celebrará el próximo 17 de septiembre en Córdoba y de la que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos es organizador junto a la AMM y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
«El tráfico de órganos y la trata de personas a veces son lo mismo, pero a veces no lo son. En la trata de personas se requiere una persona viva, que es víctima y sufre coacciones, abusos o secuestro y, el tráfico de órganos, a veces se dan esas circunstancias, pero a veces la persona que da el órgano puede estar de acuerdo con venderlo, de modo que no ha sido sometido a ningún tipo de coacción o abuso, y puede ser también que el órgano provenga de una persona fallecida, con lo cual tampoco es una víctima de trata», ha detallado.
Esto en trasplante renal, que es lo más conocido, se ha estimado que entre el 5 y el 10% (entre 3400 a casi 7000 riñones por año) de todos los trasplantes renales que se realizan actualmente en el mundo son resultado de prácticas ilícitas. Aunque, tal y como ha reconocido la experta, en realidad nadie tiene datos «fiables» que puedan dar una idea de cuál es la escala real del problema, y esto posiblemente sea una subestimación.
«El negocio es muy lucrativo, porque los receptores habitualmente pagan entre 70 000 y 160 000 dólares por un órgano, y los donantes o las víctimas reciben muy poco dinero o nada, de modo que todo ese dinero va a una serie de intermediarios que son los que se encargan de montar las redes, organizar, hacer los preparativos o incluso realizar los trasplantes», ha enfatizado.
En este sentido, ha informado de que en España en los últimos años una serie de casos como por ejemplo en 2010, un caso de un turismo de turismo de trasplantes en el que un paciente necesitaba un trasplante de hígado y que tras ser evaluado en varios centros no tenían indicación para trasplante, así que decidió viajar a China y comprar un hígado por el que pagó 130.000 euros y, por el destino al que fue, probablemente el donante fue una «persona ejecutada, así que esto sería un típico caso de tráfico de órganos». «Al volver, el hígado que compró falló y tuvo que ser trasplantado en España», ha apostillado.
Con el fin de estudiar la situación del tráfico de órganos, en el Consejo de Europa se ha creado una red internacional de personas de coordinación nacionales sobre viaje para trasplante. Anualmente, estas personas registran los datos sobre pacientes de sus países que viajaron a otro país para trasplantarse, esto puede ser lícita o ilícitamente, ya que hay personas que pueden viajar a otro país porque su familia vive allí y les conviene viajar, o que haya un acuerdo bilateral entre dos países para trasplantar a ciertos pacientes en otro lugar.
«Nosotros lo que hacemos es recoger los datos de cualquier paciente que viajó al extranjero y como se trata de datos muy pormenorizados de cada paciente podemos identificar cuáles son potencialmente sospechosos de turismo de trasplantes. Este trabajo está permitiendo entender más la dimensión del viaje para trasplante, cuáles son los países implicados y los puntos calientes, etc. Tradicionalmente se pensaba que era una cosa de países en vías de desarrollo, pero estamos viendo que sucede en todas partes», ha informado.
Actualmente, añade, hay personas de coordinación nacional de treinta y cuatro países y hemos recogido ya datos de veintiséis, de modo que hay cerca de 400 personas registradas en la base de datos y se ha podido identificar algunos de estos casos como posibles situaciones de tráfico, de trata o de turismo de trasplante.
LAS NECESIDADES MÁS URGENTES EN ESTE ÁMBITO
Dicho esto, la experta ha destacado la necesidad de que todos los países trabajen para conseguir ser «autosuficientes» en trasplantes. «La gente recurre al tráfico y la trata porque no consiguen trasplantarse con un órgano que necesitan, de modo que si los países tuvieran suficientes órganos no sucedería», ha dicho.
Además, ha subrayado la importancia de que todos los países tuvieran legislación adecuada y armonizada entre ellos, que determinara sin ambigüedad qué actividades constituyen tráfico o trata y que impusiera penas adecuadas. Un ejemplo de este tipo de legislación es el convenio de Santiago de Compostela que elaboró el Consejo de Europa y se abrió a firma en 2015 y que actualmente tiene quince firmas de quince países y once ratificaciones.
También es «muy necesario» tener marcos legislativos que permitan al personal sanitario reportar casos sospechosos de tráfico de órganos, ya que la característica que tiene es que se necesita la intervención de personal sanitario para realizarlo, también se requiere que haya hospitales y clínicas involucradas, y además los pacientes trasplantados necesitan medicación inmunosupresora de por vida, entonces es una oportunidad para detectar a pacientes que han podido recurrir a este tipo de prácticas ilícitas.
«El problema es que los profesionales sanitarios están sujetos a confidencialidad y tienen muchas dudas sobre qué tipo de cosas pueden reportar o no reportar, así que tiene que haber un marco legislativo claro que les permita reportar casos sospechosos», ha detallado, para pedir también que haya protocolos nacionales claros sobre la actuación ante casos sospechosos para una correcta evaluación y autorización de los procedimientos que impliquen donantes vivos.
Además, es, a su entender, «esencial» la educación a los profesionales sanitarios, a las fuerzas de seguridad y a la esfera jurídica, para que comprendan estos crímenes, en qué consisten sus causas, las consecuencias que tienen, cómo de llevar a cabo las investigaciones que frecuentemente requieren la implicación de mucha gente de distintos ámbitos.
«Por último, se necesita recoger datos porque hasta que nosotros hemos empezado a hacer este registro sobre personas que han viajado para trasplante, no había una fuente oficial de datos fiables y todo eran estimaciones realizadas hace muchos años. Los datos serán fundamentales para entender el problema y diseñar las herramientas adecuadas para prevenir y combatir estos crímenes», ha indicado.
Finalmente, y respecto a cómo ha afectado la pandemia a los pacientes que esperan un trasplante, la experta ha explicado que ha habido un fuerte impacto en la capacidad de trasplante en todos los países de Europa con las consiguientes repercusiones para los pacientes en lista de espera.
A nivel europeo, algunos países como España que tienen unos sistemas «muy fuertes» han podido seguir ofreciendo esta terapia a pacientes críticos, además, con protocolos actualizados en función del COVID-19 para maximizar la seguridad de los órganos trasplantados durante estos tiempos de pandemia. Sin embargo, otros países no han podido dar una respuesta «tan eficaz y han visto bastante impacto».
