El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ultima la investigación sobre la ‘Operación Kitchen’, el presunto espionaje parapolicial iniciado en 2013 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, a la vista de las diligencias pendientes, según fuentes jurídicas consultadas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, empezó a investigar la ‘Kitchen’ en 2018 como la pieza separada 7 de la macrocausa ‘Tándem’, donde desgrana los negocios turbios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El pasado mes de junio, en el auto con el que imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, ya apuntó que la pieza contaba con «la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria».
La instrucción caduca este 29 de julio, debido a los nuevos plazos legales, por lo que para continuar con las pesquisas debía prorrogarlas, pero finalmente ha optado por no hacerlo, de acuerdo con dichas fuentes.
Una vez finiquitada la investigación, queda por conocer a quién propone juzgar de entre todos los imputados durante la fase de instrucción, entre los que destacan Cospedal y su marido, el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Entre las últimas diligencias solicitadas por García-Castellón se encuentra el informe que encargó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional para verificar que los mensajes que Villarejo afirma que se intercambió con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre ‘Kitchen’ existen.
El agente retirado ha declarado en sede parlamentaria y judicial que en un momento dado le facilitaron dos números de teléfono para contactar directamente con Rajoy. Según Villarejo, el entonces jefe del Ejecutivo no se fiaba de la información que le llegaba desde el Ministerio de Interior sobre el espionaje a Bárcenas y su entorno y quería otro canal de comunicación.
DE VILLAREJO A COSPEDAL
El instructor dio un impulso definitivo a esta pieza separada con la ronda de declaraciones que se produjeron entre junio y julio de diversos personajes de la trama: Bárcenas y su mujer como perjudicados; Villarejo, Cospedal, su marido y su ex jefe de gabinete José Luis Ortiz, el ex secretario de Estado de Seguridad y el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera, todos como imputados; y el inspector principal de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, como testigo.
Este desfile se debió en gran medida a lo plasmado por Villarejo en las agendas personales que le fueron incautadas el pasado mes de octubre. Si bien «no pueden tomarse como hechos irrefutables» –hay que tomarlas con «cautela»–, sí hacen posible «confirmar un cronograma temporal de determinados acontecimientos» relevantes de ‘Kitchen’, así como ratificar lo conocido por otras fuentes, explicó García-Castellón en un auto.
Estos cuadernillos han permitido al juez situar el origen del supuesto operativo en el 11 de julio de 2013 por un apunte relativo a ‘Chisco’, como se refería Villarejo al ex secretario de Estado, que dice: «Charla de 45 minutos. Plan conta LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo».
El objetivo de la ‘Kitchen’, montada con recursos policiales y pagada con fondos reservados, habría sido espiar a Bárcenas y su círculo más cercano para localizar la documentación comprometedora que pudiera tener del PP y sus dirigentes en relación con sus famosos ‘papeles’ –entonces enmarcados en ‘Gürtel’– y robársela, de modo que no llegara nunca a manos de la Justicia.
Bárcenas sostiene que la ‘Kitchen’ tuvo éxito en la medida en que asegura que grabó una conversación con Rajoy y otra con el ex dirigente ‘popular’ Javier Arenas que demostraría que ambos estaban al tanto de la ‘caja b’ y que cuando fue a buscarlas, años después de registrarlas y guardarlas, ya no estaban.
El ex tesorero también achaca a este operativo parapolicial que no pueda probar que, como declaró el pasado 16 de julio, todos los ministro de Fomento y Medio Ambiente del PP estaban implicados en la contabilidad oficiosa de la formación política.
EL PARTIDO, EL GOBIERNO Y LA POLICÍA
Un reciente informe elaborado por Morocho, que se ha aportado a la causa donde el juez Santiago Pedraz investiga si las donaciones que hacían empresarios a la ‘caja b’ buscaban adjudicaciones concretas, describe el funcionamiento de ‘Kitchen’ a través de «tres niveles distintos que convergen a modo de círculos concéntricos sobre el mismo objetivo».
El «primer nivel» correspondería al ámbito político, donde sitúa al PP, al que atribuye la responsabilidad de definir los objetivos y poner en marcha el espionaje a Bárcenas para «desactivar» la ‘Gürtel’. El peldaño «intermedio» sería el del poder ejecutivo, «que transmite las órdenes a los órganos de la administración dependientes jerárquicamente para la aplicación de los medios materiales y financieros oportunos».
El tercer nivel sería el del ámbito policial, al que achaca «la ejecución directa mediante el empleo de recursos materiales, humanos y financieros para dar cumplimiento a los fines pretendidos definiendo los objetivos tácticos».
Estas conclusiones confirmarían algunos extremos de lo manifestado por Villarejo, según el cual la ‘Operación Kitchen’ era conocida por Rajoy; su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; y el entonces ministro de Interior, Francisco Martínez; así como por Cospedal y Martínez, y toda la cúpula policial del momento: desde el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino.
