La Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática incluye un régimen sancionador para las infracciones que se cometan contra ella, cuyas multas pueden alcanzar los 150.000 euros en caso de ser muy graves, como la destrucción de fosas u ocultación de documentación, o con hasta 10.000 euros si son graves, como las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y los actos de exaltación del golpe militar de 1936 y del franquismo.
Este anteproyecto de norma, que ha sido aprobado este martes en el Consejo de Gobierno para su tramitación parlamentaria, propone un día anual en Euskadi de homenaje a las víctimas mortales de la contienda civil y de la dictadura, y el desarrollo de herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica en el curriculum vasco.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha destacado que la Ley tiene el doble objetivo de promover «la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista», y fomentar «principios y valores éticos y democráticos, la dignidad de todas las personas, los derechos humanos, la cultura de la paz, la convivencia, el pluralismo político y la igualdad de género, frente a los discursos de la exclusión, la intolerancia y la negación».
Artolazabal ha precisado que esta norma cree «contraria a la memoria histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas, la exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que la sustentaron».
El Proyecto de Ley contiene un apartado de régimen sancionador en el que se establecen infracciones muy graves, graves y leves. De esta forma, se prevén multas que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en el caso de las infracciones muy graves; de 2.000 hasta 10.000 euros para las graves, y de 200 a 2.000 euros para las infracciones leves.
Las infracciones muy graves serían la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad. Entre las graves destacan las relativas a la no comunicación de hallazgos de restos humanos; las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Esta norma regulará las políticas públicas para la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, aunque no supone el inicio de la actuación pública e institucional en esta materia en la Comunidad Autónoma Vasca, que lleva una trayectoria «de décadas como referencia en memoria histórica y democrática» y, con ella, se quiere «reforzar y dotar de marco normativo» a estas actuaciones.
Se trata, según ha apuntado la consejera, de «un nuevo paso que consolida normativamente las políticas públicas de memoria», y promueve y amplía el volumen de actuaciones. Beatriz Artolazabal ha destacado que este proyecto «mira al pasado, pero, sobre todo, mira al futuro de Euskadi con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y la no repetición», que, a su vez, son «patrimonio democrático de todos».
A su juicio, el objetivo central es «restaurar la memoria de las víctimas, la guerra civil y la dictadura». En especial, pone en valor «el derecho a la verdad que asiste a toda la sociedad», y sobre todo, «a las víctimas, que tienen derecho a conocer lo sucedido».
Para ello, se promueven actuaciones como el informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978 o el censo de víctimas mortales durante la Guerra Civil. Se trata de dos actuaciones que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ya ha abordado.
La primera fase del informe, relativa a las víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo y, su correspondiente censo de víctimas, está ya en funcionamiento y puede ser consultado por las familias y la comunidad investigadora.
Respecto al derecho a la justicia, teniendo en cuenta que es competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia, detalla en su capítulo III el impulso y colaboración que se tendrá con la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales en la puesta en conocimiento de la existencia de indicios delictivos como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones.
El proyecto regula el derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, para lo que prevé valorar la pertinencia y viabilidad de indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado por esta Administración y, en su caso, proceder a su implementación.
DÍA ANUAL DE HOMENAJE
Por otro lado, propone un reconocimiento individual a las víctimas mortales y establecer un día anual para el homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. También plantea el desarrollo de herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica en el currículum vasco.
Se prevé complementar esta tarea con otro tipo de actividades como visitas a espacios, itinerarios o exposiciones dirigidos al alumnado, para de esta manera, garantizar su conocimiento sobre lo ocurrido en Euskadi en ese periodo. También se propone crear un espacio expositivo en la sede de Gogora y consolidar su Centro de Documentación.
Corresponderá al Instituto de la Memoria actuar para la localización e identificación de los desaparecidos en la Guerra Civil, algo que ya realiza Gobierno Vasco y Gogora. Desde 2003, se han recuperado los restos de un total de 110 víctimas, 108 hombres y dos mujeres.
RESTOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
La Ley promueve acciones para recuperar el máximo número de personas desaparecidas, y el inicio de gestiones necesarias para recuperar los restos inhumados en el Valle de los Caídos que sean solicitados por sus familiares.
La simbología contraria a la Memoria Histórica también se regula en este anteproyecto. Aunque la mayoría de los elementos, distinciones y honores institucionales han sido retirados a lo largo de los últimos años, sigue habiendo algunos vestigios que plantea que «desaparezcan definitivamente».
La norma establece el término Documento de la Memoria Histórica de Euskadi, con todos los fondos documentales y testimonios orales de interés. Además, recoge la necesidad de acometer actuaciones para recuperar esos documentos y, en especial, los incautados durante la Guerra Civil y la dictadura.
En este sentido, aborda lugares, itinerarios y espacios de memoria histórica. Se creará un Catálogo de los lugares, itinerarios y espacios, y se determinará el régimen de protección y conservación.
Además, realiza un reconocimiento al movimiento asociativo por su labor en la recuperación de la Memoria Histórica de Euskadi y en la defensa de las víctimas. A su vez, establece la creación de una comisión asesora de Entidades de Memoria Histórica como órgano consultivo y de participación.
APELACIÓN AL CONSENSO
Beatriz Artolazabal ha apelado al «acuerdo y al consenso» para la tramitación y aprobación definitiva de la Ley en el Parlamento Vasco, tras haberlos logrado para elaborar el anteproyecto de la norma.
La consejera ha reivindicado que «la memoria no puede ni deber ser instrumento de división y de confrontación». «La memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos», ha aseverado.
