Unidas Podemos y varios socios parlamentarios del Ejecutivo han registrado en el Congreso una petición de creación de una comisión de investigación para esclarecer la presunta venta «opaca de armas» a países «no democráticos», entre los que se cita Marruecos, y si el Rey emérito Juan Carlos I se pudo lucrar mediante «comisiones ilegales».
La iniciativa ha sido impulsada por la formación morada junto a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y BNG al entender que diversas informaciones periodísticas reflejan transacciones de «dudosa legalidad», que podrían incluso constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Por tanto, estas formaciones exigen que el Congreso «arroje luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas» y argumentan, además, la necesidad de crear este órgano parlamentario por el «indudable interés público» que tiene la decisión de Juan Carlos I de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria millonaria.
LA SEMANA PASADA LA MESA RECHAZÓ UNA INICIATIVA SIMILAR
El pasado 20 de julio PSOE, PP y Vox volvieron a unir sus votos en la Mesa del Congreso para no tramitar dos nuevas comisiones de investigación, planteadas por gran parte de los aliados del Ejecutivo progresista, sobre el Rey emérito y su presunto enriquecimiento a través de la venta ilegal de armas, acorde con lo expresado por los letrados de la Cámara Baja. En el año y medio que ha transcurrido desde el inicio de la legislatura, la Mesa ha vetado ya el debate de 14 peticiones de está índole.
Entonces, Unidas Podemos apoyó estas peticiones y ahora da un paso más al impulsar también, junto con estas formaciones, la apertura de las pesquisas parlamentarias sobre estos hechos, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas y éticas.
Concretamente y sustentado en una información publicada por el diario ‘Público’, Unidas Podemos y el resto de formaciones firmantes de la petición aluden a la constatación de opacidad en la venta de armas, que estarían en la base de la fortuna de Juan Carlos I mediante la vinculación con la sociedad Alkantara Iberian Exports. Además, apuntan a la posible implicación de su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y Abderraman el Asir, identificado como traficante de armas de origen libanés y sucesor de Adnan Khashoggi.
Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.
COMISIONES MILLONARIAS
En este caso, la iniciativa centra el foco en dos ejemplos de transacciones comerciales que podrían «promover la exigencia de responsabilidades legales a los actores implicados. En primer término se cita una operación de venta de material armamentístico a Marruecos por valor de 7.700 millones de las antiguas pesetas, de los cuales 2.750 se abonaron con préstamos del Fondo de Ayuda al Desarrollo y el resto con «créditos blandos» a un interés «irrisorio». En esta transacción, exponen los grupos parlamentarios, se derivaron «cuantiosas» comisiones del 20% del total de la operación (1.500 millones) de dinero público a actores implicados.
La segunda alude a una venta de buques de guerra y vehículos militares a Egipto en 1984 por importe de 22.000 millones de pesetas, de nuevo con créditos blandos aunque el país luego suspendió pagos, aunque esta sociedad cobró sus «millonarias comisiones».
Por otro lado, los grupos proponentes ponen sobre la mesa la reconsideración de la ley de secretos oficiales, ya que existen «indicios de impunidad» para «el tráfico de armas con países no democráticos y evasiones fiscales».
De esta forma, demandan investigar la legalidad de las comisiones asociadas a Alkantara Iberian Exports, la presunta malversación de fondos públicos en estas ventas de armas y evaluar las presuntas implicaciones de Juan Carlos I en las actuaciones comerciales realizadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal.
Finalmente, se pauta un periodo de duración de seis meses para los trabajos de esta comisión de investigación en caso de ser aprobada en el Congreso, con la posibilidad de ser prorrogada.
