El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confiado este sábado en que «no hay ningún motivo» por el cual el Tribunal de Cuentas pueda rechazar el aval del Institut Català de Finances (ICF) por la fianza de 5,4 millones de euros que pide a 34 excargos del Govern por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.
En declaraciones a los medios tras reunirse con el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, también ha opinado que no existe razón por la que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) no valide el decreto-ley de los avales.
«No hay ningún motivo por el cual el Tribunal de Cuentas los tenga que rechazar y ningún motivo por que no sea validado el decreto-ley por parte del Consejo de Garantías Estatutarias», ha remarcado.
Ha indicado que el aval de la Generalitat tiene por objetivo «proteger jurídicamente a las personas que en el ejercicio de su cargo y actuando según la ley han sufrido una persecución que tiene un trasfondo político», y ha señalado al PP.
Para el, el órgano fiscalizador está «instrumentalizado por una mayoría nombrada por el PP al servicio de sus objetivos políticos, está llevando a cabo una represión política de carácter económico» contra el independentismo.
En cuanto a los tres miembros del consejo de administración del ICF que dimitieron el lunes antes de la votación de la entidad sobre el aval, ha ofrecido únicamente «palabras de agradecimiento por su compromiso».
CORONAVIRUS E INCENDIOS
Sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en Cataluña, ha pedido extremar las precauciones porque, aunque los contagios han visto un «ligero descenso», los ingresos en hospitales y en las unidades de cuidados intensivos (UCI) siguen en aumento.
Por ello, ha avisado de que este verano se tendrá que convivir con la pandemia y ha pronosticado que no se levantarán pronto las restricciones: «Lo más probable es que continúen durante varias semanas hasta que el nivel de afectación vuelva a niveles de normalidad del pasado».
Respecto a los recientes incendios en Cataluña, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual para garantizar que no se realice «ninguna conducta o actividad de riesgo» que facilite un nuevo fuego.
