El final apresurado del Gobierno de Pedro Sánchez que llegó al poder hace ocho meses supone de facto la suspensión de la actividad del Parlamento y, por ende, de cualquier posibilidad de avanzar en los trámites legislativos que estaban en la Cámara baja.
La consecuencia más inmediata del adelanto electoral es que numerosas medidas estrella impulsadas por la izquierda decaen del orden del día ante la disolución de las Cortes. MONCLOA.COM recopila a continuación las diez más importantes:
SIN CAMBIOS EN LA REFORMA LABORAL DE RAJOY
«Lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores», afirmaba Pedro Sánchez cuando era jefe de la oposición. Cuando llegó a La Moncloa, los planes se torcieron.
El PSOE buscó en el Congreso un acuerdo para introducir cambios puntuales en la reforma laboral aprobada en 2012 por Mariano Rajoy, y para ello recurrió a una proposición de ley que tocaba uno de sus elementos, las condiciones de los trabajadores subcontratados, que llevaba más de un año congelada en la Cámara.
Los socialistas decidieron sacar adelante esta ley y aprovecharla para introducir cambios en cuestiones como la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa, en la ultraactividad de la negociación colectiva y en el registro horario. Pero el tiempo se le ha echado encima. Al final, los citados cambios provocaron un choque con Podemos, que los consideraba insuficientes.
La táctica del Gobierno fue atraerse al PDeCAT a la reforma ya que los independentistas catalanes votaron a favor de la reforma de Rajoy en 2012. En aquella época, el soberanismo de la antigua CiU no había dado un salto cualitativo.
Los socialistas presentaron antes de Navidad una propuesta negociada con el PDeCAT buscando ese consenso parlamentario. El portavoz posconvergente en el Congreso, Carles Campuzano, destacó que “el escenario ideal” pasaba por legislar sobre la base de un acuerdo alcanzado por los agentes sociales. En aquel momento, el PDeCAT veía “sintonía” con el PSOE en lo referido a la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las condiciones en las subcontratas, y también en los cambios en el artículo 84, en la línea de establecer la preeminencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa.
Pero la oferta de finales del pasado año solo recogía esta preeminencia en dos aspectos de los recogidos en ese artículo, la cuantía del salario y la retribución de horas extraordinarias, y no el resto de cuestiones, como el horario y su distribución o la clasificación profesional, según el borrador.
Respecto a la ultraactividad, el PDeCAT descartó una reversión total de los cambios introducidos en la reforma laboral. En todo caso, el adelanto electoral entierra la posibilidad de modificar la reforma laboral de Rajoy, una aspiración de la izquierda desde que Sánchez llegó al poder.
LA LEY MORDAZA NO SE TOCA
Tanto el PSOE como Podemos se afanaban en las últimas semanas por desarticular los aspectos más controvertidos de la ley de Seguridad Ciudadana (también denominada ‘ley mordaza’).
A principios de febrero se pactó entre los principales grupos la eliminación de los desnudos por cacheos en plena calle, a no ser que exista una situación de riesgo real y manifiesta; así como la despenalización de la toma de imágenes a los agentes de la autoridad en la vía pública, siempre que no se ponga en riesgo su seguridad o la de su familia con la distribución de los datos.
Los grupos también alcanzaron un principio de acuerdo para delimitar la responsabilidad de los organizadores y promotores de manifestaciones y reuniones. Así, los organizadores solo serían sancionados cuando no hayan dispuesto de suficientes medidas de seguridad y la manifestación se torne violenta.
Todo ello ya había sido consensuado entre los grupos pero faltaba las aprobaciones en comisión y en el pleno, así como su visto bueno en el Senado, por lo que el adelanto electoral deja en papel mojado las modificaciones.
SIN CERRAR LA REFORMA DE LAS PENSIONES
La reforma de las pensiones se paraliza con el adelanto electoral. El Gobierno quería cerrar el acuerdo con los agentes sociales antes del mes de junio, y en el Congreso las recomendaciones del denominado Pacto de Toledo ya están muy avanzadas y se había llegado a un acuerdo en la mayor parte de las cuestiones. Entre estos acuerdos destacan el de ligar la revalorización de las pagas de acuerdo al IPC o la supresión de los préstamos del tesoro público a la Seguridad Social, una práctica abusiva de los últimos Gobiernos.
Por ejemplo, se ha convertido en una práctica habitual el que los diferentes Gobiernos aprueben préstamos del Tesoro público destinados a cubrir determinadas necesidades de la Seguridad Social, como las relacionadas con las pensiones.
En noviembre del pasado año, el Ejecutivo aprobó la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 6.000 millones de euros para afrontar el abono de la paga extraordinaria de pensiones que se efectuó en diciembre.
A principios de este año, se llegó a situar el final de los trabajos del Pacto en febrero, pero en las últimas semanas esta previsión había perdido fuerza y se contemplaba, incluso, que la publicación del informe de la comisión encargada de estudiar las modificaciones en el sistema de pensiones no vería la luz hasta el mes de junio. La disolución de las Cortes impide cerrar las recomendaciones del Pacto.
SE MANTIENE EL VOTO ROGADO
Una de las principales cuestiones que se han tratado en los últimos días en el Congreso ha sido la reforma del ‘voto rogado’. PSOE y Unidos Podemos registraron este mismo mes de febrero una proposición de Ley para cambiar el voto rogado, de cara a las elecciones del 26 de mayo.
La intención del Ejecutivo era que la supresión del controvertido voto rogado llegase antes de las elecciones autonómicas y europeas del 26-M, por lo que sería necesario una reforma exprés de la ley, que consiste en, tras la presentación de la proposición, dejar tiempo a la Mesa para calificarla y al Pleno para admitirla a trámite en la última semana de febrero, para después, PSOE y Unidos Podemos solicitar un ‘procedimiento de urgencia’ y de lectura única.
Ahora, frente a la posibilidad de unas elecciones generales el 28 de abril, la posibilidad de una reforma para conseguir un voto más sencillo para los 2 millones de españoles que residen en el extranjero, se plantea todavía más remota.
El objetivo era que se debatiese en el último Pleno del mes de febrero, el del 26. Si pasaba este trámite, iría directamente al Senado, que solo tendría 20 días para completar la tramitación. Sin embargo, el límite para la disolución de las Cortes está en el 5 de marzo, por lo que las posibilidades son muy pequeñas.
MATEO SEGUIRÁ AL FRENTE DE RTVE
Rosa María Mateo asumió el cargo de “administradora provisional única” hace seis meses. Iba a ser un puesto transitorio y va camino de eternizarse. La elección de esta figura por el Congreso de los Diputados no tenía precedentes y, en la práctica, suponía que Mateo sustituyese al consejo de administración del ente público. Así, la administradora provisional única goza de plenos poderes gracias a este cargo, sin contrapesos ni consejeros que puedan influir en su capacidad de gestión.
El plazo de presentación de solicitudes para el concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE fue convocado el 17 de julio de 2018, y concluyo el 30 del mismo mes. Distintos dirigentes políticos pronosticaron un plazo de tres meses para su resolución, pero no se ha cumplido.
El 18 de septiembre se anunció la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos al concurso para la renovación de los Miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, y se abrió plazo para la reformulaciones y modificaciones.
La última publicación en el BOE sobre este concurso, es el ‘Informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos’, con fecha del 18 de diciembre de 2018 y mediante un sistema de puntos, clasificó a los candidatos en un ranking de aptitud. Pero muchos de los candidatos recurrieron la nota que les habían puesto y han paralizado la tramitación.
Si se convocan las elecciones, el Parlamento queda disuelto y no se podrá avanzar en la elección del nuevo presidente del ente público. Así las cosas, el puesto provisional de Mateo podría alargarse como mínimo hasta el verano, cumpliendo así un año en el cargo de administradora única de RTVE.
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DECAEN
El pasado 30 de noviembre, el Gobierno se dio un año para realizar su propuesta de reforma constitucional que supondría la limitación de los aforamientos. La modificación plantea que los parlamentarios y los miembros del Ejecutivo vean limitado el aforamiento absoluto del que han disfrutado hasta ahora, a los delitos que cometan únicamente en el ejercicio de su cargo.
El Consejo de Ministros aprobó ya el anteproyecto de reforma de los artículos 71 y 102 de la Constitución. El 71 regula las causas contra diputados y senadores, y el 102 lo relativo al jefe del Ejecutivo y sus ministros.
Esta reforma suponía uno de los principales y mas polémicos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que la Constitución española solo ha sido modificada en dos ocasiones. El proyecto ahora puede verse truncado por un precipitado proceso electoral para decidir un nuevo presidente del Gobierno en tan solo dos meses.
El Gobierno también impulsó en diciembre, un día después del 40º aniversario de la Constitución, una reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar los términos «disminuido» y «minusválido» y sustituirlos por «personas con discapacidad», como lleva años reclamando el sector en defensa de un trato digno a este colectivo.
El nuevo texto aprobado por el Ejecutivo obliga a pasar al Parlamento y responde a una histórica reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), pero habrá que esperar como mínimo a la próxima legislatura.
SE MANTIENE EL LÍMITE PARA INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN
El Partido Popular y Ciudadanos mantienen atascada una proposición de ley en el Congreso que pretende acabar con el límite de tiempo impuesto a la investigación de los casos de corrupción. Ambos grupos parlamentarios han ampliado más de cincuenta veces el plazo de enmiendas de esta iniciativa.
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue reformada en 2015 por el Partido Popular para establecer un límite de seis meses para los casos sencillos. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, expresaron públicamente su intención de derogar esta reforma.
Gracias a que PP y Ciudadanos tienen mayoría en la Mesa de la Cámara, consiguieron paralizar la reforma. De esta manera, la mayoría de votos en el Pleno del Congreso que apoyó la iniciativa del grupo de Unidos Podemos, que busca eliminar el límite a la investigación de los casos de corrupción, no fue suficiente. En su lugar, el Congreso aprobó otra proposición, aunque no de ley, para recalcar el apoyo mayoritario a la derogación de los límites impuestos a la instrucción judicial.
LOS SECRETOS OFICIALES SIGUEN BAJO SIETE LLAVES
Se trata de una iniciativa del PNV que viene de la primera parte de la legislatura y ue pretende reformar la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, que acaba de cumplir un año esperando que se convoque la ponencia encargada de estudiar el texto y las enmiendas.
El objetivo era poner límites de tiempo –25 o 50 años para los casos más reservados– a la hora de levantar el carácter de secreto sobre un documento oficial, siguiendo el ejemplo de los países anglosajones. El portavoz peneuvista, Aitor Esteban, trasladó en noviembre una petición formal al presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, para reanudar la tramitación, pero nada ha cambiado.
«Emplazándole, con la urgencia que requiere un asunto tan trascendental como éste, la transparencia y el acceso a la información que da sentido a una democracia, la reforma de una norma franquista que data de 1968, largamente reclamada por investigadores e historiadores, a que tome cartas en el asunto y realice las gestiones para poner en marcha los procedimientos parlamentarios y permitir el debate de esta propuesta en la Comisión Constitucional», escribió a Posada.
SIN LEY DE IGUALDAD LGTBI
Tanto la ley de igualdad LGTBI -impulsada por Podemos- como la de igualdad de trato y no discriminación -del PSOE- han quedado atascadas en el Parlamento en el último año. La última previsión de los grupos era la de acabar el trámite de ponencia en febrero y llevarla al Pleno del Congreso en marzo.
El adelanto electoral acaba con las expectativas creadas, sobre todo, en el colectivo LGTBI, que anhelaba una norma que recoja, entre otras medidas, la despatologización de la transexualidad o el derecho de todas las mujeres a acceder a técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos.
Por su parte, la ley de igualdad de trato y no discriminación contemplaba, entre otras cuestiones, la creación de una figura independiente que pueda investigar de oficio situaciones de discriminación. Aunque fue admitida en el Pleno de la Cámara por unanimidad, desde el PP y Ciudadanos se rechazó la creación de esta figura con el argumento de que ya había instituciones –como la del Defensor del Pueblo– que podían asumir esta tarea.
LOS ARTISTAS JUBILADOS CONTINUARÁN DISCRIMINADOS
El decreto ley con medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, que aprobó el Congreso a finales de enero por unanimidad, queda ahora paralizado. El texto busca compatibilizar la pensión de los autores jubilados con los derechos de autor y corregir así «las desigualdades fiscales y laborales» del sector.
Así lo definió el ministro de Cultura, José Guirao, durante su defensa de este decreto ley que debía ser tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Con esta nueva norma se puso en marcha el 40 por ciento de los 75 puntos que plantea el Estatuto del Artista, documento marco que fue aprobado también por unanimidad por el Congreso de los Diputados el pasado 6 de septiembre.
Entre otras medidas, en materia de fiscalidad el real decreto ley bajó el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores, técnicos que sean personas físicas, a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales.
También se bajó del 19% al 15% el tipo de retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.
Con este nuevo desarrollo legislativo, el Gobierno permitió también que los artistas en espectáculos públicos puedan continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma voluntaria; y quedó protegida, durante los periodos de inactividad, la situación de la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural hasta que el hijo cumpla 9 meses.
Según dijo Guirao, en el plazo máximo de 6 meses el Gobierno daría respuesta a una reivindicación de los autores españoles: compatibilizar su pensión con el cobro de los derechos de autor. Una batalla que impulsó el humorista gráfico Antonio Fraguas «Forges», pero que seguirá sin ver la luz a corto plazo.
