La Fiscalía de Madrid solicita trece años de cárcel para un acusado de abusos sexuales a una mujer, a la que propinó una brutal paliza en su vivienda del distrito de Chamberí para robarle.
La mujer sufrió fracturas y deformidad en la nariz, necesitó la reconstrucción de dos piezas dentales, requirió tres días de hospitalización a los que sumó ochenta y siete días más de convalecencia.
Tras concluirse la instrucción, el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid dictó un auto de transformación del procedimiento abreviado para su enjuiciamiento en la Audiencia de Madrid.
Al investigado, un hombre de nacionalidad de rumana de 33 años, se le acusa de un delito de abuso sexual, otro de robo con violencia y un tercer cargo por un delito de lesiones.
Por el delito de abuso sexual el Ministerio Fiscal solicita la pena de dos años de prisión, e igualmente pide la aplicación de libertad vigilada con obligación de participar en programas de educación sexual, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a distancia inferior a quinientos metros.
Asimismo, el fiscal pide la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima por un periodo de cinco años.
En cuanto al delito de robo con violencia el Fiscal solicita la pena de cinco años de prisión.
Por último, en referencia al delito de lesiones, se insta a la pena de seis años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Respecto a la indemnización el Ministerio Fiscal ha fijado la cuantía que debe abonarse a la victima por las lesiones sufridas en la cantidad de 9.150 euros.
Por su parte, la acusación particular se adhirió a lo interesado por el ministerio fiscal, sin embargo solicitó la pena de 3 años de prisión por el abuso sexual, al ser la pena máxima permitida por el Código Penal para los hechos enjuiciados.
PRISIÓN PROVISIONAL Y SIN FIANZA
A la espera de la vista oral el juez mantiene la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado, situación en la que se encuentra desde el día 23 de octubre del 2020.
Los hechos se produjeron a las 23.30 horas del 17 de octubre del 2020 cuando se encontraba en su domicilio del barrio de Chamberí acompañada del acusado, al que había conocido días antes en un local de ocio situado en la calle Pelayo de Madrid, donde estaba celebrando su cumpleaños.
La víctima, defendida por el abogado Juan Gonzalo Ospina, relata en su denuncia que sobre las 08.00 horas el acusado comenzó a realizarle tocamientos de naturaleza sexual que no le agradaron, oponiéndose claramente a ellos y pidiéndole al acusado que se marchara de su domicilio.
Entonces el imputado comenzó a darle golpes a la par que le preguntaba insistentemente por el lugar en que se hallaba el dinero, momento en el cual la joven se desvaneció y su invitado aprovechó para robarle el teléfono móvil, dinero en efectivo, una cadena dorada y abandonar el domicilio dejando a la mujer malherida en el suelo.
Tras recuperar la conciencia, la víctima comenzó a pedir auxilio a sus vecinos, quienes inmediatamente dieron aviso a la Policía y el Samur.
Gracias a la tecnología de geolocalización, que se puso en marcha con las pesquisas policiales más inmediatas, localizaron el teléfono móvil de la mujer en la casa del investigado, y lograron el testimonio de un testigo que situaba la cadena dorada en manos del ahora acusado.
El abogado de la víctima, el letrado penalista Juan Gonzalo Ospina, ha incidido en que «no basta con denunciar en la Policía ante un caso de violación, agresión sexual o abuso», sino que destaca la importancia de acudir a un abogado penalista experto en delitos sexuales que conozca el trámite adecuado a seguir y no deje en desamparo a la víctima.
Además, ha resaltado «la mejora en la investigación criminal con unidades especializadas como la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional que realizaron una labor encomiable en la presente investigación».
Así, ha asegurado que ello «puede ser la diferencia entre encarar un juicio con las suficientes garantías procesales para las víctimas, en una situación nada fácil para las mismas, en un sistema judicial garantista como es el nuestro, donde es necesario demostrar la culpabilidad del acusado con pruebas lo suficientemente contundentes para que no quede lugar a dudas de su infracción».
