El último Pleno del Tribunal Constitucional (TC) previo a las vacaciones de verano de los magistrados volverá a tener sobre la mesa una de las disposiciones del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la pandemia recurridas por Vox. Se analizará, concretamente, la constitucionalidad o no de los acuerdos de la Mesa del Congreso que suspendieron el cómputo de los plazos reglamentarios en la cámara baja al inicio del estado de alarma por pandemia de covid.
El asunto, cuya ponencia ha correspondido al magistrado conservador Antonio Narváez, se incluye en el orden del día del Pleno que comenzará este martes y prevé concluir el jueves 22 de julio. El listado de inclusión de asuntos es el mismo que comenzó la semana pasada en el que únicamente pudo tratarse el primero de los puntos, relativos al recurso de los de Santiago Abascal contra el primer decreto de estado de alarma, el de 14 de marzo de 2020.
En este caso, y con un tribunal de garantías dividido por seis magistrados frente a cinco, se declaró la inconstitucionalidad de alguno de los puntos del decreto por considerarse que las restricciones a los derechos humanos fueron de tal «intensidad» que para su aplicación debió utilizarse el estado de excepción, que requiere permiso previo del Parlamento y prevé una aplicación muy limitada en el tiempo. La sentencia y sus votos particulares, cuyo contenido fue filtrado, aún no ha sido notificada de modo oficial.
Todo ello hace aventurar que la división quizá se reproduzca en el caso de este segundo recurso de Vox, y ello a pesar de que en realidad únicamente se pararon plazos de preguntas y proposiciones no de Ley entre el 19 de marzo y el 13 de abril.
En la resolución de admisión a trámite el TC ya explicó que, en todo caso, en este recurso concurre una especial trascendencia constitucional y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.
DEVOLUCIONES POR CLÁUSULAS INDEBIDAS
Pero este no será la única medida del Gobierno cuya constitucionalidad será debatida en el Pleno del TC de esta semana, pues el orden del día incluye también el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea contra el decreto ley para la devolución de las cláusulas suelo indebidas, según una providencia publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este caso se discutirá la ponencia de la progresista María Luisa Balaguer.
La coalición considera que el decreto ley vulnera el principio de igualdad ante la ley (recogida en el artículo 14 de la Constitución), la tutela judicial efectiva (artículo 24), y la protección debida a los consumidores (artículo 51).
Así, critican que el mecanismo extrajudicial «pone a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad frente al banco, que decide cómo, cuándo y dónde devolver lo cobrado indebidamente». Asimismo, entiende que «no establece con carácter obligatorio un sistema de control y sanción sobre las entidades bancarias» ni tampoco cuenta, a su juicio, con todas las garantías judiciales efectivas.
Por otro lado, consideran que la norma es discriminatoria, pues no pueden acogerse a ella las personas jurídicas, y critican que las costas procesales hayan sido «perdonadas» a las entidades bancarias.Este decreto ley recurrido por Unidos Podemos fue aprobado por el Gobierno el pasado 20 de enero y en él se establece un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.
BASSA
El orden del día también incluye la revisión de una de las condenas del ‘procés’, la de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, penada con 12 años de prisión por sedición y malversación por el Tribunal Supremo.
Hasta el momento todas las condenas revisadas han sido confirmadas por el TC -entre ellas las de los también exconsejeros Jordi Turrul y Jospe Rull, y la de los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- con un Pleno de tan sólo 9 magistrados (tras apartarse los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido y teniendo en cuenta la dimisión de Fernando Valdés) y con los votos discrepantes de los magistrados progresistas José Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.
Finalmente, el último Pleno del TC antes de las vacaciones estivales también incluye en su Orden del el recurso del contra varios preceptos del artículo 2 de la ley foral de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, al considerar que varios aspectos de esta norma invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.
Concretamente, el Gobierno central considera que «se produce una vulneración de la competencia estatal» sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en las leyes 72, 471, 483 y 544 y también se vulnera la competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes en las leyes 11 y 12 de la norma navarra.
También cree que las leyes 511 y 495 de la norma navarra afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que considera también «competencia estatal exclusiva».
