El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos de control externo han mantenido este jueves una reunión para preparar sus trabajos de fiscalización de los contratos y ayudas públicas gestionados por las Administraciones durante los meses de estado de alarma por el coronavirus, así como el examen que realizarán sobre la distribución y uso de los fondos europeos destinados a la recuperación.
La reunión, presidida por la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, y celebrada en la sede madrileña del órgano constitucional, se han abordado diversas cuestiones de interés común relativas al control de la actividad económico-financiera del sector público español, especialmente las actuaciones contenidas en sus correspondientes programas de fiscalizaciones del año 2021.
Y en esos programas, según informa el Tribunal de Cuentas, «ocupa un lugar relevante el control de los fondos públicos destinados a la lucha contra el Covid y de las medidas dirigidas a paliar los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia». «Especial interés revisten a estos efectos las áreas de contratación, transferencias, subvenciones y de ayudas públicas», subraya.
El examen de los contratos suscritos y las ayudas concedidas durante la pandemia, que se tuvieron que tramitar en condiciones especiales dado el estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria, se prolongará en el tiempo, lo que hará preciso persistir en su control en sucesivos ejercicios.
RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS GESTORES PÚBLICOS
Los presidentes han coincidido en que «estas fiscalizaciones han de ofrecer los resultados de manera oportuna, con la finalidad de promover la rendición de cuentas de la gestión de estos fondos y poner en conocimiento de los gestores públicos las debilidades y mejoras observadas, lo que contribuirá a fortalecer la gestión del sector público».
Y a ello se añade «el impacto que tendrá en el ámbito de la actuación fiscalizadora la importante movilización de los fondos europeos Next Generation UE, que se harán efectivos a través de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el periodo 2021-2026».
«En el contexto de la pandemia, el ejercicio del control por las instituciones fiscalizadoras adquiere una relevancia aun mayor para asegurar la integridad de los fondos públicos y su transparencia, dada la fuerte implicación de las Administraciones Públicas en su gestión y el gran impacto que representa en el gasto público, y en la medida en que el control desarrollado con profesionalidad e independencia constituye uno de los pilares fundamentales sobre el que se asientan los Estados democráticos», remarcan.
La de este jueves es la segunda cumbre semestral de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx), en la que buscan coordinar actuaciones para reforzar el control de la actividad económico-financiera del sector público.
APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Uno de los puntos debatidos ha sido redoblar la apuesta decidida por la aplicación de las nuevas tecnologías a los procedimientos fiscalizadores, lo que permite utilizar grandes cantidades de datos mediante tratamientos electrónicos, reduciendo así los plazos de ejecución, y facilita trabajar en entornos virtuales y remotos.
La coordinación y la colaboración entre estas instituciones se consideran esenciales para mantener el avance continuo en controles más homogéneos y eficientes; en la puesta en común de procedimientos, técnicas y herramientas de fiscalización; en el impulso de la rendición de cuentas por las entidades públicas; y en la promoción compartida de la formación de su personal, evitando la duplicidad de actuaciones y aprovechando sinergias.
