La presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha alertado de que la Ley de Garantías de las Libertades Sexuales, conocida como la Ley del ‘sólo sí es sí’ «rompe principios de derecho penal como la presunción de inocencia que es algo que se aplica de forma universal: la inocencia la tienen todos hasta que no se demuestre lo contrario».
«La presunción de inocencia es inquebrantable. Esperemos que a lo largo del trámite parlamentario se protejan esos derechos fundamentales porque hay delitos que cuesta acreditar y la víctima tiene difícil justificar pero también está claro que el derecho de inocencia no se puede quebrar», ha explicado en declaraciones.
«Me resulta chocante pero ahora empieza el trámite parlamentario y a ver qué pasa. Es una materia delicada que corresponde al legislador», ha apostillado.
Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), no ha entrado a hacer «una valoración general porque ahora es cuestión de ver lo que presentan los grupos».»Con respecto al texto inicial hay cambios, ahora está todo un poco más estructurado pero no quiero entrar en valoraciones técnicas de algo que es solo un proyecto aunque los aspectos más polémicos se han mejorado», ha afirmado.
PRESENTE EN EL DERECHO PRECONSTITUCIONAL
Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha precisado que lo que introduce la Ley del solo sí es sí «no es completamente nuevo» pues ya aparecía en «el Código Penal franquista, que ya recogía como violación todo acceso carnal a una mujer con violencia, intimidación o estando ella privada de razón o de sentido». «Es una novedad pero no completamente una novedad pues ya estaba en el Derecho preconstitucional», ha explicado.
En la Democracia, según ha recordado, «se decidió hacer una especie de graduación» porque se entendía que «no era lo mismo forzar a una mujer con violencia que aprovechar la inacción de la víctima».
En todo caso, Viada ha valorado positivamente que «a partir de ahora se agraven todas las conductas relativas a la violentación de la voluntad» de la persona agredida y entiende que habrá una graduación en función de la gravedad de la conducta.
«No tengo ninguna objeción que poner, simplemente, puede llegar a haber controversias sobre si se ha prestado o no el consentimiento, pero eso ya ocurre ahora», ha explicado.
Además, aunque ha dicho que no es completamente nuevo lo que recoge la ley, en relación con el uso de violencia, intimidación y ausencia de consentimiento, ha puesto de relieve que «ahora se amplía todavía más» al introducir que el consentimiento ha de haber sido prestado explícitamente.
El Gobierno ha aprobado definitivamente este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, que aúna todos los delitos sexuales en uno solo de agresión y que penaliza a los proxenetas, entre otras medidas.
La ratificación de este texto se produce un año y cuatro meses de su primera evaluación por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la norma ha pasado por consulta pública, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo espera un «amplio apoyo» del Congreso a la Ley de Garantías de las Libertades Sexuales para enviar así un «mensaje unánime» al respecto a «toda la sociedad» y «fundamentalmente a quienes justifican y niegan reiteradamente la violencia machista en todas sus dimensiones».
