Las víctimas de agresiones sexuales podrán arrepentirse de renunciar a su indemnización económica si los efectos del delito son más graves de lo previsto, según recoge el texto de la Ley Orgánica de Garantías de las Libertades Sexuales que, además, apunta que es una situación «habitual» en este tipo de casos.
El texto, aprobado este martes por el Gobierno y que pasará ahora al trámite parlamentario, señala como uno de los puntos más novedosos en la reforma que incluye de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), esta posibilidad de revocación de la renuncia a la acción civil, aunque esta deberá producirse siempre antes del trámite de calificación del delito.
Fuentes de Justicia han explicado que esta medida ya se practica en algunos tribunales, pero no se había apuntalado en ninguna norma como ahora, por eso, lo consideran un avance. Desde Igualdad señalan, en este sentido, la importancia de esta posibilidad ya que, han indicado, muchas víctimas rechazan la indemnización por vergüenza y miedo a que las señalan como mujeres que solo buscan dinero.
Esto ocurre en mayor medida cuando el agresor es conocido de la mujer víctima, han indicado las mismas fuentes.
Los departamentos que dirigen Irene Montero y Juan Carlos Campo han señalado también otro cambio en la LeCrim que permitirá, reclamar la retirada de contenido ilícito en Internet en fases muy iniciales del proceso, para mayor protección de la víctima.
En concreto, se permite, en la instrucción de delitos cometidos a través de Internet del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, que el Juzgado acuerde como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero, según recoge la Ley de ‘solo sí es sí.
CONTACTO CON MENORES POR NUEVAS TECNOLOGÍAS
El texto, recogido por Europa Press, incluye otras medidas en relación a las agresiones sexuales realizadas a través de nuevas tecnologías y, especialmente, en lo que tiene que ver con menores de edad.
En concreto, incluye penas de entre 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses para quienes a través de Internet, del teléfono o de cualquierotra tecnología contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el fin de cometer actos de carácter, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento y sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos.
Además, las penas se impondrán en su mitad superior cuando elacercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación oengaño.
También se establecen penas de entre 6 meses y 2 años quienes utilicen Internet, teléfono u otras tecnologías para contactar con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor.
UN COMPLEMENTO A LA LEY DEL MENOR
La Ley de ‘solo sí es sí’ regula también los delitos sexuales contra los menores, en general, con penas reguladas de forma similar a las agresiones contra las mujeres, aunque en su caso se diferencia sobre si el consentimiento del menor es o no coactivo, lo que agravaría más el delito.
Con estos artículos, según han indicado las fuentes de ambos ministerios, se pretende complementar a la recién aprobada Ley de Protección de la Infancia contra la Violencia. Igualdad y Justicia han explicado que la Ley de ‘solo sí es sí’ busca reforzar la protección de los niños que sufren una violencia tan oculta como la sexual que, además, tiene el mismo origen, el patriarcado, que la que se ejerce contra la mujer.
Otra norma que Igualdad quiere incluir dentro de este grupo de normas complementarias, según han indicado las fuentes, es la Ley contra la Trata que ya prepara el departamento de Irene Montero.
Las fuentes de este ministerio han explicado que el objetivo es tratar este delito con componente de género y enfoque feminista.
La Ley de ‘solo sí es sí’ incluye también medidas contra la trata con fines de explotación sexual, como la recuperación de la tercería locativa, por la cual se penaliza al proxeneta. Fuentes de Igualdad reconocen que el debate sobre la prostitución está en el movimiento feminista y también en el propio Ministerio –Montero ha hecho pública su postura abolicionista– pero apuntan que esta postura no tiene fisuras en cuanto a la situación que viven las víctimas de este tipo de trata y de que consiste en una forma de violencia contra la mujer.
Es por eso, que se ha legislado para que estas mujeres cuenten con herramientas para poder abandonar la situación de violencia en la que viven.
