El Consejo de Ministros ha acordado este martes la autorización a la Junta de Andalucía para que pueda otorgar avales a las empresas por un importe máximo de 20 millones de euros en el marco de las iniciativas económicas llevadas a cabo por el Ejecutivo de esta comunidad para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus.
Así, el Gobierno resuelve favorablemente una petición por parte de la Junta de Andalucía que solicitaba al Estado la concesión de estas garantías con el objetivo de movilizar todos los recursos disponibles y como complemento de otras medidas financieras para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia.
Estas garantías tienen cobertura en un instrumento financiero de garantía con cargo a la línea ‘Andalucía, financiación empresarial’, del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.
Esta autorización solo podrá amparar avales formalizados hasta el 31 de diciembre de 2020 y se podrán hacer efectivas a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), como agente financiero del Fondo Público Andaluz para la financiación empresarial y el desarrollo económico.
El Gobierno acuerda así la autorización de esta operación considerando el importe solicitado, la participación profesional de instituciones financieras en la gestión, las características de las operaciones de garantía y el hecho de que el destino de las líneas de financiación sea cubrir las necesidades temporales de liquidez de las empresas.
PERMITE ENDEUDARSE A GALICIA Y BALEARES
Por su parte, el Consejo de Ministros también ha acordado autorizar a la Galicia y Baleares a formalizar operaciones de deuda. En el caso de la comunidad insular las permite realizar a corto plazo por un importe máximo de 452 millones de euros, mientras que permite a la Xunta gallega hacerlo por un importe máximo de 500 millones de euros.
Ambas operaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.
En el caso de Galicia, la Xunta tiene intención de abordar parte del endeudamiento previsto para 2020 según el procedimiento que se acordó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, combinando la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con la captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos bancarios.
